Galicia dará 6 meses de plazo a los inmigrantes irregulares para acreditar su falta de recursos y empadronarse

La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia dará seis meses de plazo a los inmigrantes en situación irregular, desde su primera visita a un centro sanitario a partir de este sábado, para que acrediten su falta de recursos y del tiempo de empadronamiento necesario y puedan disfrutar se la asistencia sanitaria ofrecida por el programa de protección social que ha anunciado la Xunta.

Así lo ha indicado este vienres la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, quien ha explicado que el Programa Gallego de Protección Social y Salud Pública que la Consellería de Sanidade pondrá en marcha este mes de septiembre beneficiará a aquellas personas que "no pueden acceder a la condición de aseguradas o beneficiarias" del sistema sanitario y "no puedan suscribir ningún convenio especial".

A partir del 1 de septiembre, con la entrada en vigor de la nueva normativa estatal, se excluirá de asistencia sanitaria a los inmigrantes 'sin papeles', que únicamente podrán acceder al servicio de urgencias y ser atendidos si son menores o mujeres embarazadas.

Para paliar la situación de este colectivo, la Xunta de Galicia ha anunciado la puesta en marcha de un Programa de Protección Social, del que podrán beneficiarse aquellas personas que no puedan tener la condición de beneficiarios ni asegurados, que hayan estado inscritos en un padrón municipal gallego un mínimo de 180 días y que acrediten que no disponen de ingresos superiores al Iprem ni en España ni en su país de origen.

Sin embargo, según ha anunciado este viernes Rocío Mosquera, este proceso no será inmediato el 1 de septiembre, sino que se dará a las personas en esta situación un plazo de seis meses desde su primera visita a un centro médico --cuando se les informará--, para reglamentar su situación. Si pasado este tiempo no la han reglamentado, pasará a facturarse la asistencia.

La inclusión en este programa, que dará al usuario los mismos derechos a asistencia que la tarjeta sanitaria, no generará sin embargo el derecho a la asistencia en otras comunidades autónomas españolas ni en el resto de países de la Unión Europea.

EXTENSIÓN DE LA ASISTENCIA

Con la normativa puesta en marcha por el Gobierno central, ha asegurado Rocío Mosquera, "por primera vez se extiende el aseguramiento a todos los ciudadanos españoles" y a los extranjeros en situación regularizada en toda España, independientemente de su lugar de residencia, algo que, ha sentenciado, no ocurría con anterioridad.

Además, se prestará asistencia siempre en casos especiales, como es el de los enfermos de dolencias infecciosas --como el VIH o la tuberculosis--, las embarazadas, los menores de 18 años, las víctimas de trata de seres humanos, las personas con protección internacional o los usuarios de urgencias; y se establecerán convenios especiales.

Sin embargo, Rocío Mosquera ha admitido que estas medidas dejan fuera al colectivo de los emigrantes irregulares que no están en estos casos, que deberán acogerse al programa social que ha puesto en marcha la Xunta, "limitado a colectivos sin recursos, residentes en Galicia y que no dispongan de otra vía de acceso al sistema sanitario", ha sentenciado.

REUNIÓN

La conselleira de Sanidade ha mantenido este viernes una reunión con representantes del Foro Galega de Inmigración, formada por asociaciones de inmigrantes o que prestan servicio a este colectivo, para informarle de este plazo de seis meses.

Tras la reunión, Nieves Turienzo, presidenta de Médicos del Mundo en Galicia, ha considerado que este "parche" de seis meses "viene bien", aunque ha afirmado que seguirán "luchando" para conseguir "la normativa completa a nivel estatal" que ampare al colectivo de los sin papeles.

"La excusa del turismo sanitario no puede ser lo que haga que personas sin recursos se queden sin acceso a la sanidad", ha sentenciado Nieves Turienzo, al tiempo que ha lamentado que se vuelvan a "quedar fuera" de la asistencia colectivos que ya lo estaban, como las personas sin techo o las mujeres que se dedican a la prostitución, que, además, son un colectivo con un "riesgo sanitario evidente".