Garzón deja en libertad a los diez últimos imputados del "caso Gürtel"

Según fuentes jurídicas, Garzón no ha adoptado ningún tipo de medida contra estas diez personas, que han elevado a 55 el número de imputados, al no haberlo pedido las fiscales Anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell, con lo que continúan siendo sólo tres los imputados en prisión, el presunto líder de la trama de corrupción Francisco Correa y sus colaboradores Antoine Sánchez y Pablo Crespo.

Tras tomar declaración a estos últimos imputados, el juez está ahora a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción le conteste si cabe su inhibición en favor del Tribunal Supremo (TS) al haber hallado indicios contra parlamentarios nacionales o eurodiputados.

Según fuentes jurídicas, Garzón ha vuelto a formular esta pregunta a la Fiscalía después de que ésta en dos ocasiones se opusiera a la inhibición al TS por estimar insuficientes que los indicios contra los aforados que han aparecido en la investigación, entre ellos el eurodiputado Gerardo Galeote.

El magistrado amplió las imputaciones en este caso en un auto notificado el día 17, pero que no se conoció hasta el pasado viernes, y aunque en él figuraban once personas, una de ellas, Tomás Martín Morales, ya había sido imputado anteriormente por el magistrado, y por esta causa dimitió el pasado día 6 como director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y como vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).

Los nuevos imputados son Alicia Mingues Chacón, José Luis Díez Berrerdo, Luciano Gallego Porro, Rafael de León Cebrero, Francisco Jurado, Verónica Castañé, Cristina Colmán González, Luis Agramont, Eduardo Jaussi y Eduardo Eraso.

Algunos de estos nuevos imputados están supuestamente relacionados con los negocios del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España

Garzón prosigue así con la instrucción de esta causa a la espera de que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia decidan si la asumen después de que el magistrado se inhibiera en su favor al haber hallado indicios contra aforados regionales como el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

De hecho, la semana pasada el juez inició los trámites para decretar la administración judicial de doce empresas intervenidas a esta presunta trama de corrupción vinculada a cargos del PP.