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El Gobierno responde a Cataluña que el Estado no invade sus competencias con la evaluación final de Primaria

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 26 de febrero una resolución por la que rechaza el requerimiento de incompetencia formulado por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña sobre la regulación de las evaluación final de Primaria y le recuerda que el Gobierno ha actuado dentro las competencias que le permite la Constitución.
En ese requerimiento, la Generalitat estimaba que el decreto por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria, establecida en la LOMCE, y aprobado en noviembre de 2015, vulnera las competencias autonómicas en materia educativa, así como las competencias lingüísticas.
"El Gobierno rechaza el requerimiento planteado, ya que en todo momento ha actuado dentro del margen que le permite la competencia invocada en la Constitución Española. Es decir, el "establecimiento de las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución", y con respeto a las previsiones de la Ley Orgánica de Educación, donde deja claro que el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establece los criterios de evaluación y las características generales de las pruebas", ha indicado la vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La 'número dos' del Ejecutivo ha recordado que la evaluación final de Primaria tiene "carácter informativo y orientador", a diferencia de las evaluaciones de ESO y Bachillerato, que hay que aprobar para la obtención del título en ambas etapas, y en las que el Ministerio de Educación establece para todo el sistema educativo español los criterios de evaluación, las características de las pruebas, su diseño y su contenido para cada convocatoria.
El Gobierno indica también en la contestación al requerimiento de la Generalitat catalana que el decreto que regula las pruebas de la evaluación de Primaria tampoco vulnera las competencias que sobre lengua cooficial ostenta el Ejecutivo catalán.
En este sentido, recuerda que no se determina la obligación de utilizar el catalán o castellano en las pruebas de evaluación que se refieran a asignaturas distintas de Lengua Castellana y Literatura, Primera y Segunda Lengua Extranjera y Lengua Cooficial y Literatura, sino que permite que sean los padres, madres o tutores legales los que determinen cuál será la lengua utilizada por los alumnos