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Gobierno central y andaluz crean una Comisión Mixta para demoler El Algarrobico "tan pronto como sea posible"

"Estamos en la recta final y no hay otra salida que la demolición", dice Fiscal
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, y el consejero de Medio Ambiente andaluz, José Fiscal, han acordado este lunes crear, esta misma semana, una Comisión Mixta que aborde la demolición de la construcción de Azata del Sol en la playa de El Algarrobico, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería), algo que ha de producirse "con todas las garantías" y "tan pronto como sea posible". Ambas administraciones han confirmado que cofinanciarán el coste del derribo y el desescombro.
Así lo han explicado ambos al término del encuentro que han mantenido en Madrid. La comisión estará formada por seis miembros, tres de cada administración, y tendrá su primera reunión la semana que viene. Comenzarán estudiando "a fondo" la reciente sentencia del Tribunal Supremo que determina que el edificio se asienta en terreno no urbanizable porque, según ha incidido la ministra, se trata de que el proceso de demolición "no tenga ningún incidente".
"Después de tanto tiempo esperando, no nos podemos equivocar en nada, tiene que haber todas las garantías", ha subrayado García Tejerina. Ni ella ni Fiscal han querido dar una fecha para el inicio de la demolición pero ambos han coincidido en apuntar la "voluntad inequívoca" de ambas administraciones para que, "una vez despejado el horizonte jurídico" y "cuando se tengan todas las garantías" el derribo se produzca "tan pronto como sea posible".
"No estamos en disposición de dar fechas ni mucho menos", ha dicho el consejero andaluz que, no obstante, ha llamado la atención sobre el hecho de que "hace solo doce días había posibilidades de que el hotel fuera legalizado, hace once días se desestimó y hoy sólo tenemos en el horizonte la demolición".
PREDISPOSICIÓN "ÓPTIMA"
Fiscal ha destacado que la predisposición de ambas administraciones es "evidente y óptima" y, esa actitud se traducirá "de forma inexorable en acabar con este monumento al disparate". El consejero ha sido más explícito que la ministra en sus declaraciones y ha dicho que estamos "en la recta final" del proceso y que "no hay otra salida que la demolición". "Si de mí dependiera mañana mismo comenzaría la demolición", ha añadido.
Así las cosas, tomando todas las "máximas precauciones jurídicas para no dar pasos en falso", la Junta ejercerá su derecho de retracto y será entonces cuando se haya "allanado el último obstáculo para el derribo".
El responsable de Medio Ambiente ha incidido en que cuando se pueda ejecutar el retracto y los terrenos pasen a la administración andaluza "ya se podrá demoler" pero ha dicho que será la Comisión Mixta la que determine "con exactitud" el momento. "Estaríamos entonces en el final de a recta final", ha añadido.
COFINANCIACIÓN DEL DERRIBO Y EL DESESCOMBRO
En la rueda de prensa, los responsables de ambas administraciones han recordado que el informe encargado a Tragsa por los entonces responsables Miguel Arias Cañete y Luis Planas estimó en algo más de siete millones el coste del derribo y desescombro y han explicado que esa valoración también será analizada por la Comisión Mixta.
La ministra ha confirmado que, cumpliendo con lo acordado por su antecesor Arias Cañete con la Junta de Andalucía, el Ministerio se compromete a financiar el 50 por ciento del coste de la demolición y desescombro de la zona pese a que, tal y como ha recordado, no le correspondería al estar la construcción en una zona competencia de la Junta y no en el dominio público marítimo terrestre.
"Yo mantengo el compromiso", ha dicho García Tejerina, subrayando que el Estado quiere ser "solidario" con Andalucía pese a que en teoría no sería suya la capacidad de actuar en la zona. La Comisión Mixta también se encargará de analizar cuál es "la manera más sencilla" para que el Ministerio cofinancie el coste "sin tener competencias" en el asunto.
Fiscal ha aludido al protocolo de colaboración firmado a finales de 2011 por el entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, para demoler el hotel y recuperar la playa.
En aquel acuerdo el Estado se comprometió a asumir el coste de la demolición de la edificación y la Junta, el desescombro y la gestión de los residuos del derribo. Ahora el órgano bilateral establecerá "qué parte hace cada una", ha explicado el consejero.
Para concluir, Fiscal ha subrayado que el objetivo final es "restaurar el espacio y dejarlo lo más parecido a antes de la construcción del hotel" para que esta "playa paradisíaca pueda ser usada por las personas sin la mole que aún está al lado de la orilla".
Además, se ha referido a la indemnización de 70 millones de euros solicitada por la constructora, asunto que está a la espera de una resolución judicial que "no interfiere con la demolición del hotel" y que la Junta "acatará".