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El Gobierno compromete 2.000 millones de euros para financiar, con cargo a la UE, la parte más costosa de la LOMCE

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha comprometido este miércoles a los responsables autonómicos del ramo que aportará 2.000 millones de euros hasta 2020 para financiar la implantación de la nueva Formación Profesional Básica y la anticipación de itinerarios prevista para cuarto curso de la ESO. En total, 1.200 millones procederán del Fondo Social Europeo y el resto, de los Presupuestos Generales del Estado.
En rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en su departamento, Wert ha explicado que las modificaciones previstas en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) para estos tramos educativos son "suponen un incremento de gasto" y son susceptibles de ser financiadas por el Fondo Social Europeo, que apoya las iniciativas en favor de la lucha contra el abandono escolar temprano.
Aunque los detalles del reparto de estos fondos no se concretarán hasta abril, cuando Wert ha propuesto celebrar una Conferencia Sectorial de Educación monográfica al respecto, sí ha adelantado que el Estado jugará un doble papel en su gestión. Por un lado, adelantará el importe financiable y, por otro, aportará la parte que las administraciones públicas están obligadas a coofinanciar, en este caso, un 40%, es decir, 800 millones de euros.
No obstante, el ministro ha apuntado que 2.000 millones de euros "no es necesariamente" el coste total que tendrá implantar la Formación Profesional Básica y los itinerarios en cuarto de ESO, porque dado que la LOMCE persigue "la reducción del abandono escolar temprano" y eso implica "el mantenimiento en el sistema de un mayor número de alumnos", los costes "serán tanto mayores cuanto mayor sea el éxito de la ley".
"Eso es una cuestión a discutir en la revisión quinquenal del sistema de financiación de las comunidades autónomas y yo no comprometería una cifra porque tenemos que ir viendo qué resultados se van consiguiendo año a año y, en función de ellos, habrá que adoptar las previsiones que correspondan para atender al sobrecoste", ha señalado.
Por otra parte, el ministro ha aceptado la petición de las distintas comunidades autónomas de fragmentar el desarrollo reglamentario de la LOMCE en lo que al currículo educativo se refiere. Si estaba previsto aprobar en los próximos meses dos decretos para configurar todos los contenidos de todas las etapas, ahora sólo verán la luz, previsiblemente en marzo, dos normas relativas a los cursos que en septiembre arrancarán con la nueva configuración marcada por la LOMCE, es decir, primero, tercero y quinto de Primaria y Formación Profesional Básica. El currículo del resto de los cursos se definirá por Real Decreto "en un momento ulterior" que, según Wert, será en todo caso este año.
En cuanto a las críticas de varias comunidades autónomas por la celeridad con la que se persigue la implantación de la ley, el ministro ha señalado que "las respeta todas" pero ha incidido en que "es posible" cumplir con el calendario porque "una clara mayoría de las comunidades autónomas" así lo han manifestado.
"Son justamente aquellas comunidades gobernadas por partidos que han expresado su oposición radical a la LOMCE y su voluntad de derogarla quienes encuentran imposible llegar a tiempo a su desarrollo. Quizá es una coincidencia", ha ironizado el ministro, quien ha incidido en que el calendario está en el propio cuerpo de la Ley y es por tanto una cuestión "ya aprobada y decidida".
En este sentido, ha señalado que su departamento tiene que "hacer un desarrollo completo de todo el currículo para Ceuta y Melilla", donde ostenta la competencia en materia de Educación, un desarrollo que "va a estar disponible a la mayor brevedad y se va a poner a disposición del resto de las comunidades" porque "les puede facilitar el trabajo".
En la Conferencia, las comunidades han elevado otras peticiones al Ministerio de Educación, como que colabore en el desarrollo de iniciativas de formación del profesorado o que promueva una equiparación de titulaciones de idiomas para que los estudiantes, al término de cada etapa, cuenten con una certificación oficial del nivel adquirido durante sus estudios.