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El Gobierno defiende su respuesta a irregularidades en el uso de fondos europeos para depuradoras portátiles en Galicia

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha defendido este lunes la respuesta del Gobierno a las irregularidades detectadas en la gestión de fondos europeos para instalaciones portátiles depuradoras en las provincias de Orense y Pontevedra y ha afirmado que la nueva Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ayudará a evitar que se produzcan este tipo de desvíos de fondos.
Así ha respondido Ramos en la Comisión de Medio Ambiente del Senado a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Fidalgo, que quería conocer las medidas adoptadas por el Ejecutivo para depurar responsabilidades y devolver los fondos objeto de fraude.
Fidalgo ha denunciado que el Gobierno defiende la transparencia pero "se está escondiendo de un caso de corrupción hidráulica" en el que, según la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se favoreció a una empresa determinada en la adjudicación de 200 concursos públicos correspondientes a 107 pequeñas depuradoras por un valor total de 13 millones de euros.
"Se utilizaron criterios de adjudicación contrarios a la contratación pública, el licitador ganador tuvo información confidencial, el precio no tenía peso en el concurso, se simuló el procedimiento negociado en las asistencias técnicas que ya estaban ejecutando antes de iniciar el procedimiento", ha detallado. La Diputación de Orense, ha añadido, "diseñó un pliego para favorecer a una empresa que gestionaba un amigo y vecino" de su vicepresidente.
DEVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS
El secretario de Estado ha recordado que el Gobierno ha tomado medidas para cumplir la normativa europea y ha seguido la recomendaciones de la OLAF, la cual ha propuesto la descertificación de todas las actuaciones. Por eso, ha indicado, la Dirección General de Fondos Comunitarios inició el pasado septiembre un expediente de reintegro para la recuperación de las ayudas recibidas por la Diputación orensana (diez millones de euros), la cual envió alegaciones al respecto que están pendientes de resolución.
Asimismo, Ramos ha explicado que la Dirección General realizó una "visita de control" a la Diputación de Pontevedra el pasado noviembre y le pidió documentación adicional" para realizar una serie de aclaraciones, una documentación que está siendo analizada a fin de redactar el borrador del informe.
Al considerar la OLAF que los hechos podrían ser constitutivos de ilícitos penales, el informe fue remitido también al fiscal general del Estado para su consideración, de manera que ahora los tribunales "están investigando el caso y serán los que tomen las decisiones pertinentes", ha afirmado.
MECANISMOS DE CONTROL
Ramos ha insistido en que las instituciones "funcionan correctamente", si bien ha admitido que eran necesarias medidas de refuerzo en el ámbito de las entidades locales. En este contexto, ha destacado que con la reforma de la Administración Local llevada a cabo por el Gobierno se pone en marcha "un mecanismo para evitar que se produzcan desvíos y para reforzar los mecanismos de control de los desvíos" en la gestión de fondos públicos.
Por otro lado, ha argumentado que el Ministerio no detectó las irregularidades porque las depuradoras estaban destinadas al saneamiento de aguas, un asunto que, según ha señalado, "no es competencia de las confederaciones hidrográficas, a las que solo corresponde comprobar la calidad del agua, pero no las obras y la tecnología que se utilizan para la depuración previa".