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El Gobierno dice que la legislatura de Rajoy ha sido "muy activa" contra la violencia de género

La secretaria de Estado de Justicia en funciones, Carmen Sánchez-Cortés, ha señalado que la legislatura de Mariano Rajoy ha sido "muy activa" en proporcionar herramientas para luchar de forma más eficaz contra la violencia de género.
Así lo ha explicado ante los medios este jueves en la inauguración del I Congreso sobre violencia doméstica y de género, que se celebra en la Fira Sabadell este jueves y viernes.
Sánchez-Cortés ha precisado que el presupuesto del Ministerio de Justicia para atender esta problemática es de aproximadamente 46 millones de euros, que se traduce en juzgados para la atención de violencia contra la mujer, fiscalías especializadas, atención psicológica, la formación de personal y las oficinas de atención a las víctimas del delito.
En este sentido, ha dicho que se ha incrementado en un 5% la partida a la asistencia jurídica gratuita y un 54,6% a la asistencia de psicólogos, además se cuenta con 106 juzgados especializados, 355 compatibles de ámbito civil o penal y 96 fiscales: "Es un despliegue territorial que garantiza cercanía y asistencia", ha subrayado.
Por esta razón ha remarcado que "no sola basta hacer reformas y leyes para tener un sistema robusto, sino también dotar de medios a la justicia".
Ha señalado que el incremento de denuncias en 2015 han subido un 1,5% respecto al año anterior, registrando 130.000 en toda España, y un aumento similar se ha producido en las sentencias condenatorias, con más de 46.000, de las cuales el 62% han tenido un dictamen de condena, unos datos que la secretaria de Estado en funciones ha atribuido "a una mayor concienciación social para repudiar esta lacra".
ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO
Sánchez-Cortés ha explicado que el estatuto de la víctima del delito es una ley que "tiene su reflejo operativo" en las oficinas de asistencia a víctimas y que cada administración debe poner los medios para dar la asistencia psicológica especializada no sólo a mujeres, también a los hijos y personas con discapacidad.
Se trata de una herramienta que ofrece "un catálogo de derechos procesales y extraprocesales a la víctima", es decir, que va más allá de la indemnización judicial para evitar la victimización secundaria, debido a que existe un sufrimiento moral y emocional en estos casos.