El juez Grande-Marlaska propone una ley integral para luchar contra los delitos de odio

En este sentido, ha reconocido los "esfuerzos" de las administraciones, de los ministerios de Educación, Sanidad, Justicia e Interior para cooperar pero ha advertido de que "en materia de derechos humanos no se puede estar con buenas voluntades de personas e instituciones concretas".

"Entiendo que tiene que haber una ley integral en cada país o fomentada desde la UE", ha indicado durante la Conferencia internacional 'Juntos contra el discurso y los delitos de odio' organizado por la Plataforma de ONG de Acción Social con la colaboración de la Embajada Noruega en España, que se ha celebrado este jueves en el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.

Según ha precisado, en España no existe un título dedicado a los delitos de odio donde estén definidos sino que están "dispersos en el Código Penal". Concretamente, es en el artículo 510 en el que se establece el discurso del odio.

Grande-Marlaska ha hablado de unos mil casos en 2013 pero ha puntualizado que no refleja la realidad pues hay una "falta de denuncia" quizá porque las víctimas aprecian que "no hay una respuesta concreta" y no se ven "suficientemente protegidas para manifestar que la causa de su agresión ha sido una estigmatización". Por ello, considera que "hay que formar a jueces, policías y fiscales".

En este sentido, el fiscal coordinador del servicio de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, ha explicado que en España se han empezado a hacer "los deberes en el ámbito policial" pues los sistemas informáticos policiales han comenzado hace muy poco a registrar las denuncias según motivación --por racismo, xenofobia, homofobia, etcétera--.

No obstante, ha indicado que en el ámbito de la justicia, estos deberes aún están por hacer pues los sistemas informáticos de la administración de justicia, los juzgados, tribunales y fiscalías todavía no tienen previsión para hacer esa labor de registro por motivación.

Sobre la reforma del Código Penal en su artículo 510, Aguilar ha incidido en que con esta modificación se incorporan las recomendaciones que estableció la UE en una decisión marco del año 2008, "por la que obligaba a perseguir determinados comportamientos", y habrá "mejores herramientas para perseguir el discurso del odio".

Ante esta situación, la fiscal de sala del Tribunal Supremo de la unidad de criminalidad informática y para la tutela penal de la igualdad y contra la discriminación de la Fiscalía General del Estado, Elvira Tejada de la Fuente, ha señalado que es "un problema serio" la falta de información estadística y que por ello, la Fiscalía está haciéndolo "artesanalmente, a mano" porque no disponen de las aplicaciones informáticas necesarias.

Precisamente, la Fiscalía General del Estado advierte en su última memoria de que estas agresiones muchas veces no son debidamente catalogadas.

El discurso de odio hace referencia a la incitación del odio, la discriminación o la hostilidad hacia una persona motivado por un prejuicio contra la misma debido a una característica particular, por la condición de identidad sexual, raza, religión o discapacidad, entre otros.

1.172 DELITOS DE ODIO EN 2013

Según datos del Ministerio del Interior, en 2013 se produjeron 1.172 delitos de odio, de los cuales 452 fueron por orientación o identidad sexual, 381 por racismo o xenofobia y 42 por prácticas religiosas. De las cifras también se desprende que hubo 290 agresiones contra personas con discapacidad.

Además, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), entre el 60 y el 90% de las víctimas de delitos de odio no denuncia su caso.

La directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, que ha participado en la inauguración de la conferencia, ha señalado que hay "una falta notable de denuncias" y ha apostado por la "educación y la sensibilización" para acabar con el discurso del odio.