Greenpeace recurre ante el Tribunal Supremo la sentencia que dice que el suelo de El Algarrobico es urbanizable

La ONG considera que la resolución infringe la Ley estatal del Suelo o de Patrimonio Natural, el derecho internacional así como una veintena de pronunciamientos de los tribunales. La sentencia señalaba que no cabía recurso, pero Greenpeace estima que el hecho de no poder recurrir supondría indefensión y discriminación porque la Sala del TSJA ya ha admitido varios recursos de este tipo con sentencias sobre el tipo de suelo.

Así, subraya que la sentencia contradice otra anterior del 11 de junio de 2012 del TSJA que restableció el suelo de El Algarrobico al nivel de protección de 1994, es decir "área natural de interés general" y asegura que "ignora" la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2011 que acuerda proteger El Algarrobico como área natural, al tiempo que genera "inseguridad jurídica al contradecir una sentencia de la misma sala del TSJA de 17 de marzo de 2008, por la que se paralizaron las obras del hotel por estar en Espacio Protegido.

Además, añade más inseguridad jurídica porque contradice una sentencia de 2013 del TSJA que permite inscribir los terrenos de El Algarrobico en el Registro de la Propiedad a nombre de la Junta de Andalucía.

Asimismo, sostiene que la sentencia en cuestión incumple el derecho comunitario, pues estos terrenos han sido declarados red Natura 2000, por ser un espacio de valores naturales únicos en Europa y que obliga a que los Lugares de Importancia Comunitaria sólo se pueden urbanizar por razones de interés público y añade que es contradictoria con las figuras de protección internacional del Cabo de Gata bajo el amparo de Naciones Unidas como el Convenio Ramsar, el de Barcelona o la Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

Al mismo tiempo, Greenpeace añade que esta sentencia incumple leyes nacionales, específicamente Ley del Suelo y la de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. La Ley del Suelo exige que para desproteger los terrenos en Espacios Naturales Protegidos no puede ser por la mano del hombre, como ha sucedido en El Algarrobico. La segunda Ley, exige que se someta a Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos como el plan parcial del Ayuntamiento de Carboneras que pretende urbanizar este sector y los colindantes.

CONTRADICE AL SUPREMO

Por otro lado, si se modifica el nivel de protección de la zona protegida, ya publicado por la Junta de Andalucía, se tendría que seguir el trámite correspondiente de información pública y publicarse en el Boletín Oficial. Igualmente, recuerda que una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo impide dictar una sentencia contradictoria con otra de carácter firme que modifique una disposición general, porque afecta a la seguridad jurídica.

"El hotel ya es ilegal. Esta sentencia ratifica que si los políticos de la Junta de Andalucía y del Gobierno siguen esperando a que la justicia desenmarañe el lío creado por la posición ambigua de la Junta, nunca veremos el final de este gigante edificio ilegal de 14 plantas y 411 habitaciones", ha manifestado la responsable de la campaña de costas de Greenpeace, Pilar Marcos que ha apuntado que la nueva tarea del próximo ministro de Medio Ambiente debe ser desmantelarlo. "La demolición debe ser inmediata tal y como recoge el acuerdo firmado por la Administración central y autonómica en 2011", ha insistido.

Por otro lado, Greenpeace manifiesta que para presentar este recurso ha tenido que pagar 1.290 euros de acuerdo con la nueva Ley de Tasas judiciales aprobada por el Gobierno y denuncia que esto supone un "nuevo escollo" por la lucha contra El Algarrobico, al encarecer "notablemente" un proceso cuyo final "todavía es incierto" después de 25 años de ilegalidades.