HRW exige a España que investigue si la Guardia Civil agredió a inmigrantes en el último salto de la valla de Melilla

"El derecho de España de proteger sus fronteras no le da carta blanca para abusar de los migrantes. El gobierno central y las autoridades locales en Melilla tienen que parar las deportaciones ilegales y emprender acciones contra cualquier agente de la Guardia Civil que haga uso excesivo de la fuerza contra los migrantes", señala el subdirector de Europa y Asia Central de Human Rights Watch, Benjamin Ward.

La organización dice que según el "material audiovisual filmado por un periodista" al que ha tenido acceso, el 13 de agosto agentes uniformados que parecen ser de la Guardia Civil golpearon a migrantes en la parte intermedia de la valla, situada en territorio español, justo dentro de la frontera.

Conforme explica, en uno de los incidentes "se ve cómo un agente uniformado golpea con una porra a un migrante que parece estar colgando de una cuerda y luego cómo éste cae al suelo", mientras, en el otro, "un agente golpea a los migrantes con una porra mientras tratan de trepar por una sección de la valla fronteriza".

"Los cascos y los uniformes oscuros que visten los agentes que golpean a los migrantes parecen ser los mismos con los que se puede ver a los agentes de la Guardia Civil, policía paramilitar española, en otras partes del video y son diferentes de los uniformes color verde claro usados por los agentes de frontera marroquíes", apunta Human Right Watch.

Además, explica que dos testigos comunicaron a la ONG que "algunos migrantes heridos permanecieron en el suelo durante horas después de caer de la valla, sin recibir asistencia médica".

En cuanto a las devoluciones sobre la marcha de migrantes a Marruecos, dice que el mismo material audiovisual muestra cómo dos personas fueron arrastradas "a la fuerza" por agentes del Instituto Armado en el lado español de la frontera "hacia una puerta en la valla y devueltas".

"Devolver migrantes a Marruecos sin respetar el debido proceso podría poner vidas en peligro. España debe terminar con estas expulsiones ilegales sin demora", señala Ward al respecto, para incidir en que la Guardia Civil debe acompañar a cualquier migrante detenido al entrar en España sin permiso a una comisaría de la Policía Nacional para su identificación e iniciar los procedimientos de deportación.

HRW, que ya denunció esta práctica con un informe monográfico el pasado mes de febrero, recuerda que las expulsiones sumarias privan a los migrantes de su derecho a buscar asilo u otra protección internacional e impide que la Guardia Civil pueda llevar a cabo un análisis de edad a niños migrantes indocumentados, tal y como exige la ley española.

"Bajo la legislación internacional de derechos humanos y refugiados, y el derecho de la Unión Europea, España está obligada a evitar las devoluciones --el retorno forzoso de cualquier persona a un lugar donde enfrente un riesgo real de tortura o trato inhumano o degradante-- y a ofrecer la oportunidad de buscar asilo a las personas que indiquen que tienen un miedo fundado de persecución si regresan", insiste la ONG.