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Imputadas 5 personas acusadas de realizar la eutanasia a animales incumpliendo los requisitos legales en Cádiz

La Guardia Civil ha imputado a cinco personas que presuntamente realizaban la eutanasia a animales incumpliendo los requisitos legales. Se trata de trabajadores de una empresa de control zoosanitario dedicada a recoger animales abandonados en la vía pública, trasladándolos posteriormente a sus instalaciones de Los Barrios (Cádiz).
Según explica la Guardia Civil en una nota, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) inició la investigación a raíz de la protesta llevada a cabo por una persona en la puerta de la perrera de la localidad barreña para reclamar la devolución de su mascota, que habían hallado en la playa del Rinconcillo y que habían dado a una familia en adopción "sin su consentimiento".
Durante la misma, los agentes averiguaron que el perro había sido sacrificado al día siguiente de su entrada en las instalaciones de la empresa de control zoosanitaria.
Realizada la inspección en las instalaciones, hallaron posibles infracciones penales, al realizar eutanasia a animales "incumpliendo los requisitos exigibles para su sacrificio, falsificando el libro de entrada y salidas de animales y confeccionando documentos que no se habían producido como revisiones veterinarias".
Para ello, contaban con una veterinaria que supuestamente realizaba el sacrificio de los animales sin cumplir los requisitos exigibles legalmente, firmando fichas clínicas con revisiones que no había efectuado, y también con trabajadores del centro que realizarían el sellado de revisiones veterinarias, sin estar autorizados para ello.
Detalla la Guardia Civil que era una trabajadora ajena del centro la que realizaba el sacrifico de animales sin poseer la titulación exigible (veterinaria).
Explica que los animales, una vez que se recogen de la vía pública bien por abandono o por pérdida por una empresa de control zoosanitario que tiene concertado los servicios con Ayuntamientos de los diferentes municipios del Campo de Gibraltar, deben de pasar diez días en las instalaciones antes de ser sacrificados. En caso de no localizar a su propietario, o cederlo a terceras personas, recibiendo asistencia veterinaria.
Esto es lo que presuntamente incumplían, pues el animal llegaba a las instalaciones al día siguiente lo sacrificaban, falsificando la documentación de entrada de los animales y realizando el sacrificio personal que no poseía la titulación exigible.
Cinco personas han resultado imputadas, la veterinaria y dos trabajadores del centro por delitos de maltrato animal y falsedad Documental y una cuarta persona, ajena al centro, por delito de intrusismo laboral, al realizar la eutanasia de los animales careciendo de la titulación exigible.