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Incautados 37.000 kilos de gas R-22 para barcos, prohibido por ser perjudicial para el ozono

La operación 'Xiada' la desarrolló el Seprona bajo instrucciones de la Fiscalía General del Estado y en coordinación con la de Pontevedra
Una veintena de empresas nacionales y extranjeras son investigadas y una compañía y cinco buques pesqueros inspeccionados por comercialización ilegal del gas R-22, en el marco de una operación denominada 'Xiada' contra la contaminación de la atmósfera.
La unidad de medio ambiente y urbanismo de la Fiscalía General del Estado coordina la operación contra el comercio ilegal de sustancias que afectan a la capa de ozono culminada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en la que se investiga a estas 20 empresas nacionales y extranjeras.
Desde el mes de septiembre de 2014, según informa la Fiscalía General del Estado, la unidad central operativa medioambiental de la Jefatura del Seprona de la Guardia Civil, bajo instrucciones de la mencionada unidad de la Fiscalía y en coordinación con la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Pontevedra, venía analizando en esta operación diversas informaciones que apuntaban a la comercialización ilegal del gas R-22, cuyo uso tiene efectos nocivos sobre la capa de ozono.
La operación ha culminado con la investigación de 20 personas jurídicas y la inspección de una empresa y cinco buques pesqueros, y se ha producido la incautación de 37.000 kilos de gas R-22 que podrían haber generado unos beneficios ilícitos de más de 1.000.000 de euros.
USO PROHIBIDO, PARA PRODUCIR FRÍO EN CONGELADORES
El R-22, según explica la Fiscalía en un comunicado de prensa, es un gas cuyo uso está prohibido en casi todo el mundo porque afecta directamente a la capa de ozono atmosférico reduciendo su espesor. Sin embargo, según las pruebas obtenidas, empresas españolas y de otros estados que han suscrito el Protocolo de Montreal, que prohíbe su uso, lo venían utilizando habitualmente.
Las aplicaciones más frecuentes del R-22 se relacionan con la producción de frío, en este caso en buques pesqueros que congelan en alta mar sus capturas. La causa de su uso ilícito radica en el hecho de que el kilo de este producto no supera en ningún caso los 10 euros, mientras que cualquiera de los sustitutos legales tienen un precio medio que ronda los 30 euros.
ARGUCIAS PARA CAMUFLAR LA ACTIVIDAD
Según la investigación, una empresa española habría podido estar comerciando ilegalmente con gas R-22, utilizando distintas argucias técnicas para camuflar la realidad de su actividad empresarial.
Para ello, camuflaba cantidades, destinos reales y objeto de la actividad, y vendía el gas a empresas comunitarias solicitando licencias de exportación a la Comisión Europea para justificar el gas vendido en los informes anuales que debe emitir la empresa.
Posteriormente, algunas de las exportaciones se desviaban ilegalmente a empresas y buques españoles y de la Unión Europea o se exportaba el gas sin informar a la aduana de la realidad de la materia. De esa forma, evitaba que pudiera ser controlada.
PREMIO PARA LA OPERACIÓN
El éxito de la operación se ha visto recompensado con el premio 'Eca Ozone Protection Award for Customs & Enforcement Officers' del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
El galardón lo ha recibido en una ceremonia en Ashgabat (Turkmenistán) que se celebró los días 24 y 25 de mayo. En ella estuvieron presentes el fiscal de sala de medio ambiente y urbanismo Antonio Vercher Noguera y el coronel del Seprona Francisco L. Monedero.
Los premios se instauraron en 2010 y se entregan cada dos años, y ya en 2014 se premió la labor de la unidad de medio ambiente y del Seprona, en aquella ocasión por la denominada operación 'Refresco'.
Ello supone que España ha sido reconocida de manera consecutiva en las dos últimas ediciones, gracias a la coordinación de esfuerzos alcanzada entre la Fiscalía de sala de medio ambiente y su unidad adscrita del Seprona, coordinación que a su vez se reproduce con idéntico resultado positivo en las actuaciones que se desarrollan conjuntamente entre los fiscales integrados en la red de delegados de medio ambiente y urbanismo y la distintas unidades territoriales del Seprona.