El Instituto de Política Familiar denuncia que España "ningunea a las familias" a pesar de las recomendaciones de la UE

Coincidiendo con el Día Internacional de la Familia, que se celebra el próximo 15 de mayo, el texto hace hincapié en que "la conciliación de la vida familiar y laboral no es una prioridad política real en España" y añade que "dedica menos del 1 por ciento de su PIB en prestaciones directas por hijos", mientras que el país va perdiendo población y, además, ésta "envejece a pasos agigantados".

El presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder ha insistido en que, "a pesar de que la Unión Europea ha instado a los distintos Estados miembros a que desarrollen políticas de cara a lograr un apoyo a la maternidad, la demografía o la perspectiva de familia, las distintas administraciones españolas han ignorado estas directrices provocando que España no solo suspenda estrepitosamente sino que, además, sea el país que menos ayuda".

De esta forma, afirma que el interés creciente de la UE por la familia como pilar fundamental para salir de la actual crisis económica y superar muchos otros problemas sociales no se ha visto correspondido por España. "Europa se ha dado cuenta del valor de la familia y ha elaborado una serie de recomendaciones que nuestro país ningunea sistemáticamente", ha criticado.

En concreto, el texto indica que la baja por maternidad en España --de 16 semanas-- está por debajo de las 18 recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras que la de paternidad es de tan solo dos semanas, al tiempo que muchas mujeres siguen siendo discriminadas en sus empresas por el mero hecho de ejercer su derecho a ser madres.

En este sentido, el informa enumera los principales incumplimientos de las recomendaciones comunitarias y, entre ellas, destaca que "no se desarrolla una política integral de familia ni se aplica la perspectiva de familia, además de que no se dispone ni de un plan integral de apoyo de familia ni de ley de familia".

De la misma forma, denuncia que "España no está preservando ni garantizando el derecho de los padres a la estabilidad conyugal y el de los hijos a vivir en un hogar estable", ya que la Ley de divorcio exprés "ha incentivado la cultura de la ruptura en lugar de la reconciliación, disparando las rupturas definitivas y la conflictividad y convirtiéndola en el principal problema de las familias españolas".

Finalmente, concluye que "no se están respetando los derechos de los padres y la libertad de educación", puesto que considera que "España sigue imponiendo asignaturas adoctrinadoras en los colegios tales como 'Educación para la Ciudadanía'".