Interior envía el reglamento de los Centros de Internamiento al Consejo de Estado, que se pronunciará este mes

El Consejo de Estado ya tiene sobre la mesa el proyecto del Ministerio del Interior que establecerá el reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), norma que según la Ley de Extranjería de 2009, debería llevar en vigor al menos, desde junio de 2010 y cuya aprobación se ha ido posponiendo. El órgano consultivo se pronunciará al respecto en su Pleno de este jueves o, a más tardar, en el siguiente, según han confirmado a Europa Press en la institución.

El propio Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo pocos meses después de llegar al Gobierno que este asunto tendría prioridad y desgranó, en la primera visita con periodistas a un centro de estas características, el CIE de Aluche, en Madrid, algunos de sus planes para regular el funcionamiento de lo que muchas ONG llaman "los guantánamos europeos".

En abril de 2012 dio a conocer un primer borrador y lo sometió a consulta de distintos ministerios, organizaciones sociales, grupos parlamentarios y organismos como Fiscalía o el Consejo General del Poder Judicial, quienes hicieron sus aportaciones. Fruto de esta 'ronda' se ha cerrado el proyecto sobre el que emitirá el último dictamen el Consejo de Estado en los próximos días.

La última versión mantiene en esencia la planteada en el borrador inicial. Estas instalaciones policiales donde se puede privar de libertad a un extranjero hasta 60 días para tramitar su expulsión, pasarán a llamarse Centros de Estancia Controlada de Extranjeros, estarán regidas por un director del Cuerpo Nacional de Policía y en su interior, trabajará personal cualificado en la atención a los internos.

El texto prevé establecer servicios de atención sanitaria permanentes a cargo de un médico de la red pública, así como contempla "procurar" la separación de los internos con antecedentes penales de quienes están retenidos sólo por carecer de un permiso de residencia, y de aquellos que por enfermedad o toxicomanía así lo requieran.

LOS INTERNOS TENDRÁN NOMBRE

También introduce la obligación de llamar a los retenidos por su nombre y no con un número, como se hace ahora, y permite el acceso de las ONG a las instalaciones, previa acreditación y bajo un posible examen personal de seguridad a sus miembros, conforme establece el artículo 60.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, una de las novedades del redactado final es que resta poder al director, que ya no tendrá la última palabra a la hora de trasladar a un interno al hospital ni supervisar la presentación de quejas por parte de los internos. También se ha eliminado la previsión de que las comunicaciones con abogados y consulados tuvieran supervisión policial.

Sin embargo, se mantienen algunos aspectos que suscitaron críticas en los agentes consultados, como las restricciones al horario de visitas, fijando un máximo de dos días por semana de duración superior a 30 minutos cuando no se trata de familia nuclear. En la actualidad, no existen este tipo de limitaciones. Con todo, se elimina el máximo previsto de dos personas por visita, cuestión que se deja en manos de cada centro.

LOS REGISTROS Y CACHEOS, SIN DESARROLLO

Asimismo, en el artículo 6 mantiene la previsión de crear "Centros de estancia o funcionamiento temporal", una modalidad que no aparece en la Ley de Extranjería y que no se vuelve a mencionar el resto de la normativa. La norma recoge además, expresamente, que no será aplicable en las Salas de Inadmisión de Fronteras, como las de los aeropuertos, donde los extranjeros pueden estar detenidos hasta 72 horas.

Uno de los asuntos más polémicos del primer borrador fue la regulación de los registros corporales o cacheos. El CGPJ dijo en su informe que esta práctica "no está prevista legalmente", ni con carácter general ni en situaciones excepcionales, por lo que el reglamento excedía "el ámbito de la habilitación y cobertura legal para adoptar una medida de esta naturaleza".

El Tribunal Constitucional, en enero de 2013, declaró esta práctica acorde al derecho constitucional a la intimidad, siempre y cuando se ajuste a una serie de cautelas que no figuran en el reglamento, donde sólo se recoge el literal de la Ley de Extranjería: "Cuando sea necesario para garantizar la seguridad del centro, el Director podrá acordar la inspección de los dormitorios de los internos así como de sus ropas y enseres".

LAS APORTACIONES DE LOS GRUPOS

El contenido desoye algunas de las peticiones de grupos parlamentarios, como el socialista, hicieron llegar al Ministerio del Interior. Desde el PSOE se había pedido garantizar módulos para la reagrupación familiar, un horario de visitas más amplio y acceso gratuito a Internet para los internos. Precisamente, la portavoz en la materia, Esperanza Esteve, preguntará al Gobierno sobre este asunto la próxima semana en el Pleno del Congreso.

Desde CiU, recomendaban que los internos pudieran contar con orientación jurídica mediante convenios con los colegios de abogados de cada circunscripción y medidas especiales de asistencia para internos con discapacidad y para la detección y atención de víctimas de trata. Este grupo quien promovió una proposición no de ley aprobada por unanimidad en diciembre que instaba al Ejecutivo a informar anualmente sobre la situación de los CIE y sus internos.

Aunque la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) pide el cierre de los CIE, elevó propuestas al reglamento como reforzar su carácter no penitenciario evitando que su gestión dependa de Interior y de la Policía. En el PNV recomendaron crear mecanismos alternativos para los retenidos sólo por estancia irregular y, ante las repatriaciones, respeto a su derecho a la asistencia jurídica para recurrirla.