Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora pide a agentes de la Guardia Civil no denunciar el mal estado de las carreteras

La jefatura Provincial de Tráfico de Zamora ha pedido a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que dejen de utilizar el boletín de denuncias para evidenciar el mal estado de las carreteras y, en su lugar, se limiten a redactar informes internos para su posterior traslado al titular de la vía.

En una misiva dirigida a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso Europa Press, el jefe provincial de Tráfico remite dos denuncias formuladas por agentes del cuerpo por el mal estado de tramos de la A-6 y la A-66 "con el ruego de que, en futuras ocasiones no se denuncie este tipo de anomalías".

Todas las denuncias que imponen los agentes de la Guardia Civil a través del boletín de denuncias electrónico que utilizan los agentes en la carretera son enviadas al Centro Automatizado de Denuncias que la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene en León, desde donde las denuncias son remitidas a la Jefatura de Tráfico que corresponda.

En el documento, la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora señala haber recibido por este conducto dos denuncias formuladas por agentes de la Guardia Civil por un deterioro de señal en la A-6 y otra por falta de señalización de badén en la A-66 y pide al jefe del subsector de tráfico de la Guardia Civil que comunique a los agentes que utilicen informes internos cuando quieran llamar la atención sobre alguna vía en mal estado.

Según explica en la misiva, fechada el 20 de septiembre de este año, esos informes deben ser remitidos posteriormente a la jefatura de Tráfico para que este organismo pueda a su vez reenviarlo al titular de la vía, ya sea una administración o la compañía encargada de su mantenimiento, "instándole a la reparación o instalación correspondiente".

De esta forma, Tráfico excluye la opción de que los agentes de la Guardia Civil puedan formular denuncias contra los responsables de que una carretera se encuentre en mal estado, del mismo modo que denuncian a un conductor por no utilizar el cinturón de seguridad, conducir a más velocidad de la permitida o cualquier otro tipo de infracción.

El reglamento interno de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ya establece que los agentes deben comunicar las "deficiencias y señalización de carreteras" a la Jefatura Provincial de Tráfico "a fin de que se realicen las gestiones que procedan", aunque, por otro lado, el mismo reglamento también exige a los agentes que denuncien "todas las infracciones que se observen".

A diferencia de las multas que los agentes de la Guardia Civil ponen todos los días en el ejercicio de su profesión a los conductores que infringen la Ley de Tráfico, las dos denuncias a las que se refiere la misiva del Jefe Provincial de Tráfico se dirigían contra el responsable del estado de la vía.

RESPONSABILIDADES PARA TITULARES DE LA VÍA

Las responsabilidades civiles o, incluso penales, del titular de la vía o la empresa encargada de su conservación en caso de que no se mantenga en las condiciones adecuadas no es un tema nuevo. En este sentido, el Reglamento General de Circulación establece que "corresponde al titular de la vía la responsabilidad de su mantenimiento en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales".

De hecho, este mismo año, el Tribunal Supremo ha condenado a la Generalitat de Cataluña a pagar 319.409,20 euros a un motorista que impactó en un accidente de tráfico contra un poste de soporte del quitamiedos en forma de 'H' con vértice cortante que le provocó una paraplejia.

En esa sentencia, el alto tribunal reconocía que la responsabilidad de la lesión recaía en un 50 por ciento en la conducción del motorista y en otro 50 por ciento en la administración encargada de garantizar la seguridad de la vía, entendiendo que hay una relación de causalidad entre el tipo de guardarraíl con el que impactó y la lesión.

En el ámbito penal, dentro de las conclusiones de las Jornadas de Fiscales Especialistas en Seguridad Vial de 2009 también se abrió la puerta a perseguir tanto a los funcionarios encargados de tener una carretera en buenas condiciones como a los empleados o directivos de empresas adjudicatarias del mantenimiento de vías que no cumplan con su cometido.

Para ello, los fiscales se basaban el artículo 385 del Código Penal, que prevé penas de prisión de seis meses a dos años o multas de doce a veinticuatro meses al responsable de provocar un grave riesgo para la circulación colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o cambiando, sustrayendo o anulando la señalización.