Juez del crimen de Almonte (Huelva) cita este viernes a acusaciones para pedir prórroga de prisión preventiva

Cabe recordar que a principios de junio este juzgado desestimó el recurso de reforma interpuesto por la defensa de F.J.M.R., en el que pedía su puesta en libertad, por lo que volvió a negarla.

Según reza en este auto, la juez considera que "persiste el riesgo de fuga y el de alteración de fuentes de pruebas, teniendo en cuenta la inminencia del juicio, la falta de arraigo suficiente del investigado y la gravedad de las penas que llevan aparejadas los delitos investigados".

En cuanto a los indicios de criminalidad contra el imputado, los mismos se mantienen y siguen existiendo en este momento procesal. Del mismo modo, insiste, tal y como lo hace en autos anteriores, en los restos de ADN hallados en tres toallas, ubicados en dos baños diferente de la vivienda donde aparecieron los cadáveres, los cuales "se han dejado por contacto directo con estas toallas, y no por transferencia indirecta o secundaria, y en fechas no muy alejadas en el tiempo a los hechos que se investigan", teniendo en cuenta que el detenido no subía al domicilio desde hacía más de tres años.

A su vez, en el auto cita otras pruebas como la huella de la zapatilla del supuesto autor, la apertura de la puerta sin forzar la cerradura o la salida horaria del establecimiento en el que trabajaba el detenido, y finalmente vuelve a negar su libertad.

Cabe recordar que este recurso fue impugnado por la Fiscalía y por las acusaciones particulares ejercidas por un lado por la familia del hombre fallecido --padres y hermano-- y, por otro, por su expareja y madre de la pequeña.

Estas acusaciones presentaron a finales de mayo sus respectivos escritos de acusación en el que solicitan 50 años de prisión, la máxima pena para este hombre por dos delitos de asesinato --25 por cada uno-- con los agravantes de superioridad y aprovechamiento de las circunstancias de tiempo y lugar, abuso de confianza y parentesco. A su vez, piden indemnizaciones económicas y la privación del derecho a residir o acudir al lugar donde residan estas personas durante diez y 12 años.