Junta andaluza establece un régimen de visitas para el padre del bebé de 7 meses presuntamente maltratado por su madre

La Junta de Andalucía, a través de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, ha establecido un régimen de visitas para el padre de una bebé de siete meses de edad cuya madre fue imputada por un presunto delito de maltrato después de que los facultativos del Complejo Hospitalario de Torrecárdenas estudiara varias fracturas óseas, hematomas y un cuadro clínico febril que la menor presentaba en el momento en el que fue ingresada.

Fuentes de la Administración andaluza han confirmado a Europa Press que si bien el padre de la menor, cuya tutela fue asumida por la Junta, no llegó a formular alegaciones de desamparo de la menor, sí que hizo constar de forma verbal en la Delegación su deseo de ver a la pequeña, por lo que la Comisión Provincial ha decidido establecer unos horarios de visita "de los que ya disfruta" su progenitor.

La menor, que tiene un hermano de cuatro años cuya tutela no ha sido asumida por la Junta andaluza, tuvo que ser ingresada en el centro sanitario almeriense después de que el equipo médico que le atendió en urgencias por un cuadro febril y mucha mucosidad detectase que tenía cuatro costillas fracturadas y otras dos fracturas en el cráneo.

La madre, identificada como J.F.M., fue detenida por la Policía Nacional acusada de causar lesiones graves a su bebé el pasado día 21 y tras la investigación que se inició al activar el Complejo Hospitalario de Torrecárdenas el protocolo por presuntos malos tratos a un menor. La joven había acudido dos días antes al centro sanitario acompañada de su pareja.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, encargado de las diligencias del caso y en cuyo poder obra un informe del Instituto de Medicina Legal (IML) que certifica de manera "irrefutable" que el origen de las lesiones son malos tratos, ha decretado libertad para la mujer aunque le imputa un delito de lesiones. Ha dictado, asimismo, una orden de alejamiento de 200 metros para la pequeña.

Mientras, el padre está acusado sólo por la Policía Nacional que, pese a que sostiene que no sabía nada y que está "sobrecogido", considera que no veló por la integridad física de su hija como es su deber ya que los primeros indicios apuntan a que las agresiones se remontan a meses atrás y han sido continuados en el tiempo.