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La Junta denuncia "desinformación y vulnerabilidad" ante los planes del Gobierno para liberalizar el dividendo digital

La Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía ha criticado este miércoles la "opacidad" del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en la implantación del dividendo digital en España al no contar con la "participación directa" de la comunidad autónoma en la elaboración del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y en la regulación de aspectos para liberar el denominado dividendo digital.
Ante esta situación, este departamento dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales trabaja con los agentes integrantes del Consejo Andaluz de Consumo en la aprobación de una resolución en la que reivindicará la participación que le corresponde en un asunto que afecta de manera integral a consumidores y usuarios, operadores e instaladores de telecomunicaciones y entidades locales.
La directora general de Consumo, Dolores Muñoz, señala en un comunicado que, "según el Estatuto de Autonomía, Andalucía tiene competencia en la organización, ordenación y control del sector audiovisual y, por tanto, debe ser consultada en cualquier decisión que le afecte en esta materia" y recuerda que sí hubo "cooperación en la implantación de la TDT en 2008, lo que permitió minimizar el impacto sufrido por la ciudadanía en el tránsito de la televisión analógica a la digital".
La Secretaría General de Consumo también rechaza que la norma estatal suprima el segundo múltiple digital de cobertura autonómica "sin establecer alternativa ni tener en cuenta las consecuencias que puede tener en la ciudadanía en general y en los prestadores de comunicación audiovisual que utilizan los canales asignados por el anterior Plan Técnico Nacional".
En su opinión, se trata de una situación "discriminatoria" respecto a otras comunidades autónomas a las que sí se les permite mantener un segundo múltiple "sin justificación aparente" en lo que califica como un "agravio comparativo que no puede admitirse sin quebrar el principio de igualdad de trato a todas las comunidades que disponen de un segundo múltiple total o parcialmente ocupado".
En este sentido, la Secretaría General de Consumo teme, además, que se pueda producir una pérdida en la capacidad de gestión del sector audiovisual andaluz puesto que se impide que puedan desarrollarse proyectos diferenciados en el ámbito público y privado, lo que "podría limitar el crecimiento de un sector necesario para el desarrollo económico, social y cultural en Andalucía".
GRUPO DE COORDINACIÓN ESPECÍFICO PARA ANDALUCÍA
Por estos motivos, insta al Ministerio a "crear de forma inmediata un grupo de coordinación para la liberación del dividendo digital específico para Andalucía" donde estén representados consumidores y usuarios, operadores y empresas instaladoras de telecomunicaciones, junto a representantes de las administraciones central, autonómica y local.
Junto a ello, la Secretaría General de Consumo advierte de que, "si bien están contempladas ayudas a las familias para la adaptación, poco se sabe del cómo se llevarán a cabo", por lo que "la capacidad de intervenir ante posibles abusos o fraudes que se pudieran producir entre la población más vulnerable es mínima".
También hace hincapié en que no se haya contado con las entidades locales cuando "una buena parte de la población capta la señal de televisión gracias a los centros de difusión de TDT de extensión de cobertura y titularidad de dichas administraciones, que a su vez captan la señal de centros de los radiodifusores públicos y privados".
Además rechaza que el Estado no sufrague los costes de adaptación, circunstancia que "perjudica especialmente a un gran número de hogares andaluces" que verán vulnerado su derecho fundamental de acceso a la información. "Este hecho afectará directamente a la cohesión territorial y generará zonas en las que el derecho a la información quedará limitado", alerta Muñoz.
"INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO"
Igualmente censura "el incumplimiento del Estado" que, a través de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, estableció ayudas para cubrir el coste que supondría este proceso, pero "ahora ha anunciado su intención de sufragar únicamente los costes de adaptación en los hogares pero no los de la adaptación de los centros de difusión de TDT de extensión de cobertura", que deberán ser soportados casi en su totalidad por las entidades locales, con el consiguiente perjuicio económico. A su juicio, ello provocará que "en caso de no llevarse a cabo la adecuación de estos centros, el efecto inmediato será la pérdida de la recepción de la señal de TDT en las poblaciones cubiertas desde dichos centros".
Otra de las quejas es la falta de tiempo para cumplir con los plazos fijados para la liberación del dividendo digital teniendo en cuenta las características del proceso de implantación. Por todo ello, la Secretaría General de Consumo manifiesta su "profunda preocupación por la desinformación reinante a la ciudadanía y a empresas instaladoras", en especial la referida a "sobre cómo, cuándo y según qué criterios se tendrá acceso a las ayudas a las que se refiere el Estado".
Esta circunstancia, junto con el hecho de que no se haya publicado aún la convocatoria de ayudas, ha llevado a paralizar las adaptaciones que ya se habían iniciado en los hogares, por lo que no podrán concluir el proceso antes del 31 de diciembre.
Consumo recuerda que la ciudadanía ya ha soportado los gastos provocados por el cambio a la TDT y que esta reorganización se realiza para liberar un espacio radioeléctrico con el fin de destinarlo a una nueva tecnología "que muchas personas puede ser que no utilicen nunca". Precisamente, para extender la cobertura de la TDT en toda Andalucía, la Junta ha invertido 15 millones de euros durante el periodo 2008-2011.