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La Junta confía en que se "dificulte" una posible venta de La Almoraima para no perder su titularidad pública

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, se ha congratulado este jueves de la operación que ha supuesto ampliar los límites del Parque Natural de Los Alcornocales con, entre otras, la finca de La Almoraima, ubicada en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz), lo que implica "salvaguardarla" de la "especulación".
"Confiemos en que se dificulte la venta para no perder la titularidad pública del patrimonio", ha expuesto Serrano en el marco de una conferencia organizada por el Foro Joly, y en la que ha explicado las consecuencias de una operación iniciada por el Consejo de Gobierno andaluz para proteger "la selva mediterránea", en base al interés de patrimonio natural.
Bajo el deseo de que La Almoraima "siga siendo pública", la consejera ha utilizado este caso como "paradigma de cómo entendemos el desarrollo, sin carácter especulativo, con un justo reparto de las plusvalías que generan los bienes públicos". Así, al 90 por ciento de superficie ya protegida del parque, la superficie restante se sumará en cuanto concluya el trámite iniciado por el Ejecutivo autonómico.
Junto con la nueva delimitación, el proceso de revisión de la planificación de Los Alcornocales conllevará también modificaciones en la zonificación del espacio protegido y la regulación de sus actividades y usos compatibles de acuerdo con la capacidad natural de los ecosistemas.
Estos cambios, en consonancia con la Directiva Europea de Hábitats, supondrán reforzar las medidas de conservación de algunas zonas y de sus aprovechamientos tradicionales. En los enclaves que se incorporen, la nueva planificación prohibirá o limitará aquellas actividades que puedan afectar a los recursos y valores naturales del parque o perjudicar a las actividades económicas que ya existen.
Durante el periodo de tramitación de las modificaciones acordadas por el Consejo, y de acuerdo con la legislación andaluza de protección del patrimonio natural y la biodiversidad, no se podrán realizar actuaciones que supongan transformaciones sensibles de la realidad física y biológica, especialmente cambios de uso del suelo. En cambio, sí se mantendrán las actividades agrarias, forestales y cinegéticas que actualmente se desarrollan.