Martín (IU) sobre Algarrobico: "Si de verdad se hace justicia, deberían pagar derribo quienes lo han permitido"

En un comunicado, Martín ha señalado, en la misma línea que el consejero andaluz Luis Planas, que "efectivamente no pueden ser los ciudadanos" quienes paguen con sus impuestos "la aberración" que supuso la construcción de inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones aunque ha matizado que es necesario que haya "consecuencias tanto políticas como económicas".

"Si de verdad se hace justicia, deberían pagar quienes lo han permitido", ha indicado para, a continuación, destacar que la "única solución" que cabe al conflicto pasa por cumplir la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que declara que viola la Ley de Costas

Al hilo de esto, ha recordado que Izquierda Plural elevó al Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) en la que entre otras cuestiones se pedía "estudiar la viabilidad de crear una comisión parlamentaria, en colaboración con la Cámara andaluza y el pleno del Ayuntamiento de Carboneras para investigar las posibles responsabilidades patrimoniales, políticas y administrativas que pudieran existir en los gobiernos anteriores que autorizaron la construcción del hotel Algarrobico".

"La finalidad es esclarecer los hechos y evitar que la ciudadanía, por medio de los presupuestos generales del Estado (PGE), tengan que pagar la descomposición del edificio, cuya construcción fue producto de una flagrante ilegalidad".

Martín ha destacado la decisión de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de no seguir recurriendo las decisiones judiciales que obligan a demoler el hotel ilegal del Algarrobico, "algo que se lleva pidiendo muchos meses desde Izquierda Unida", ha remarcado.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado firme por medio de una diligencia de ordenación la sentencia que restablece la calificación de espacio protegido no urbanizable del sector ST-1 sobre el que se asienta el hotel después de que no haya sido recurrida por la administración autonómica. El fallo anula la normativa ambiental aprobada por la Junta en 2008 en lo referente al paraje al estimar que podría "reactivar" el establecimiento.