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Martínez Olmos(PSOE) asegura que la exclusión sanitaria a los 'sin papeles' es una medida costosa e ineficaz

El diputado por Granada y portavoz socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, ha señalado este viernes que la exclusión sanitaria de los inmigrantes en situación irregular es una medida "xenófoba, costosa e ineficaz" que va "a afectar a la seguridad de los españoles".
Según el representante socialista, los datos demuestran, en el caso de Andalucía y de Granada, que los inmigrantes usan menos la sanidad que los españoles, porque "suele ser una población más joven, y por tanto, con menos enfermedades". Además, en provincias como la de Granada el coste de la atención al colectivo apenas representa el 0,5 por ciento del gasto sanitario.
"La utilización de los servicios es un 40 por ciento menor que los ciudadanos de España", ha precisado. Sin embargo, la decisión de excluir de la atención sanitaria a esos inmigrantes si no pagan una cuota de 710 euros o 1.300, que muchos españoles no podrían pagar, es poner una barrera clara a esas personas para acceder a los servicios sanitarios".
Martínez Olmos ha criticado la decisión del Gobierno del PP de no respetar un derecho de la Humanidad, como es el derecho a la Salud, y ha subrayado que esa medida está planteada desde la lógica xenófoba "de atender a los que tenemos el carné de España".
"La ministra Ana Mato está desaparecida pero tiene el mando a distancia para destruir el sistema nacional de salud con decisiones que excluyen a colectivos de población que, en muchos casos, están en España trabajando en situación irregular porque hay empresarios que les dan trabajo sin hacerles un contrato, como sería su obligación", ha precisado el diputado socialista. En este sentido, ha señalado que, en lugar de "atacar ese fraude que se produce en el ámbito empresarial, ataca a los más débiles".
Según Martínez Olmos, las personas excluidas de la sanidad pública quedarán fuera de coberturas preventivas, "algo fundamental porque es la manera de evitar que aparezcan enfermedades o de prevenir efectos secundarios. Como ejemplo de situaciones preventivas que tienen que ser para toda la comunidad, ha recordado la pandemia de la gripe A registrada hace tres años. "¿Se imaginan los ciudadanos españoles lo que supondría que alrededor de medio millón de personas, que es el colectivo de inmigrantes que en España se consideran en situación irregular, no tuviera acceso a la vacuna de la gripe A?", ha preguntado.
Martínez Olmos ha explicado, además, que las personas que queden excluidas del sistema público de salud pueden terminar en las urgencias de los hospitales de una manera innecesaria y más costosa, porque muchas de esas patologías se pueden complicar si no recibe el tratamiento a su debido tiempo. "Se estima que puede multiplicarse por seis el coste de la atención sanitaria de la inmigración irregular en este país", ha indicado.
El diputado socialista ha afirmado también que detrás de la decisión del Gobierno del PP de cobrar una cuota a los inmigrantes en situación irregular está el favorecer el negocio de los seguros privados. "Todo el mundo sabe que la mayoría de ellos no va a hacer un convenio con las administraciones públicas, porque van a desconfiar de que los puedan localizar y, los que puedan, contratarán una póliza privada", ha matizado.
Además, Martínez Olmos ha subrayado que nuevamente el Gobierno del PP toma decisiones en solitario con el objetivo de deteriorar la sanidad pública. Así, se ha referido al rechazo que ha suscitado la medida entre las organizaciones profesionales, que no avalan que las personas se queden sin asistencia sanitaria. El representante del PSOE ha criticado que la ministra Ana Mato se dedique a desprestigiar la sanidad pública. "No se puede transmitir a la sociedad, sin ofrecer soluciones, que la sanidad pública es insostenible", ha subrayado para recalcar que por ello ahora, "por primera vez desde la democracia, aparece la sanidad como un problema para la ciudadanía", ha agregado.
La medida, a su juicio, sólo persigue "recortar derechos y afectar a las personas aunque tenga consecuencias para su salud". En el caso de Granada, según Martínez Olmos, unas 3.500 personas se verían afectadas si no fuera porque el Gobierno de Andalucía no va a aplicar esta medida. "Vamos a una sanidad para ricos y a una sanidad de pobres por la beneficencia", ha concluido.