Médicos del Mundo denuncia comunicaciones amenazantes a pacientes sin tarjeta sanitaria por no pagar las Urgencias

Desde la puesta en marcha de la reforma sanitaria en España en 2012 (RDL 16/2012), la organización ha tenido conocimiento de más de 2.000 casos documentados de personas víctimas de alguna forma de exclusión sanitaria derivada del nuevo marco legal, además de la existencia de cientos de miles de personas a quienes se les niega la tarjeta sanitaria.

"Seguimos registrando casos de mujeres embarazadas y menores de edad a quienes, aunque la ley les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria, en la práctica se les está dando información errónea para negarles el acceso a la atención médica o les factura indebidamente la atención prestada", señalan.

Sólo desde inicios de 2014, Médicos del Mundo ha registrado más de 60 casos de negativa de tramitar la tarjeta sanitaria o prestar atención médica a menores de edad. Durante el mismo periodo de tiempo se han registrado más de 100 casos en los que se ha incumplido la excepción que contempla el RDL sobre la atención en urgencias: o bien se ha facturado la atención prestada o se ha obligado a firmar un compromiso de pago.

Respecto a las comunicaciones amenazantes, destacan un caso de Aragón donde un paciente recibió aviso de inicio de requerimiento judicial por parte de la Administración si no se abonaba el pago correspondiente.

"En múltiples ocasiones, las oficinas de facturación de los hospitales realizan llamadas insistentes a los pacientes reclamando el pago pendiente y envían comunicaciones advirtiendo de que, de no realizarse el pago, la factura será enviada al Departamento de Economía y Hacienda para proceder a su reclamación por vía de apremio, aplicando los intereses de demora".

Estas prácticas no sólo vulneran el derecho a la atención en urgencias que reconoce el Real Decreto Ley 16/2012 de las personas directamente afectadas, "sino que tienen un evidente efecto intimidatorio en el conjunto de la población inmigrante", añaden.

PIDE A LOS PARTIDOS QUE SE COMPROMETAN

La organización recuerda que el próximo 13 de junio es el plazo que tienen los partidos políticos para cerrar las negociaciones que den lugar a la conformación de los nuevos gobiernos en trece comunidades autónomas. Hasta 14 fuerzas políticas suscribieron, el día de 10 de marzo, la Declaración institucional por la Universalidad de la Sanidad, comprometiéndose a tomar las medidas necesarias para que todas las personas tengan Derecho a la Salud, independientemente de su condición administrativa o económica, tras las elecciones.

Por ello, se propuso a todos los partidos políticos que firmaran la Declaración, llegando a hacerlo todos los partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados, además de Podemos y EQUO. Este compromiso se vio refrendado a nivel autonómico en Aragón, Galicia, Navarra y Castilla-La Mancha, sumándose tanto las representaciones autonómicas de aquellos partidos políticos como otras fuerzas políticas nacionalistas: CHA, PAR, EH Bildu, Anova y BNG.

"A falta de saber cómo concluirán definitivamente las negociaciones para formar gobiernos autonómicos, los resultados de los comicios sí permiten conocer qué nuevos ejecutivos autonómicos nacerán con una obligación común comprometida ante el electorado: la restitución del acceso universal a la sanidad pública para las personas inmigrantes independientemente de su situación administrativa", afirman.

POR COMUNIDADES

Médicos del Mundo apela a los nuevos gobiernos que se constituyan a partir del sábado en Aragón, Extremadura, Canarias, Cantabria y Valencia que emprendan todas las acciones que aseguren la mayor eficiencia y eficacia de la cobertura médica ya establecida para todas aquellas personas a quienes no se reconoce como aseguradas o beneficiarias del Sistema Nacional de Salud.

En Asturias piden a la Consejería a dar un paso más hacia la protección del derecho universal a la salud para todas las personas, independientemente de su situación administrativa, impulsando las medidas legislativas oportunas para garantizar ese derecho.

En Andalucía esperan que sean coherentes con la actual política sanitaria autonómica, que ya rechaza la aplicación de la disposición del RD, independientemente de los acuerdos entre partidos que den lugar finalmente al diseño del nuevo ejecutivo.

En el polo opuesto a las situaciones mencionadas se encuentran Castilla-La Mancha, donde el cambio de gobierno debe significar el fin de la exclusión sanitaria aplicada a las personas inmigrantes en situación irregular.