Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Medio Ambiente incluirá las protecciones ambientales de los territorios en el registro de la propiedad

Con la nueva Ley de Costas, cuyo reglamento se aprobará después del verano, quedarán en pie 40.000 edificaciones
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está preparando una modificación de la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad por la que cualquier protección ambiental a la que esté sujeto cualquier territorio o propiedad quedará reflejada en el registro de la propiedad y en el catastro, según ha anunciado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.
En una entrevista con Europa Press, Ramos ha explicado que "ahora mismo hay una demanda de que las protecciones ambientales tengan mayor coordinación, mayor seguridad jurídica y mayor publicidad".
A este respecto, ha precisado que la idea de su departamento es "la misma" que la de la Ley de Costas en la que el Ejecutivo ha querido dar "transparencia y coordinación" a la línea del deslinde porque considera que esto beneficia "a todos". Por ello, "con esa misma filosofía", ha dicho que se está estudiando la posibilidad de que las protecciones ambientales en su conjunto, las que recoge la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad también tengan una coordinación en el catastro y en el registro de la propiedad.
"Estamos aún en borrador, trabajando, pero entendemos que aportar información y seguridad es un gran beneficio para todos, igual que con la Ley de Costas, para que nadie se encuentre que ha comprado una casa que está en dominio público", ha apuntado.
Precisamente, sobre la reforma de la Ley de Costas, Ramos ha anunciado que el reglamento se aprobará "en septiembre u octubre" y ha defendido que la norma está funcionando como el Gobierno esperaba. "Se ha introducido mayor seguridad en las costas españolas y, aunque está pendiente su desarrollo reglamentario y aplicación, pero ya sabemos que dar un nuevo marco de seguridad y estabilidad es positivo y ha generado una seguridad a todos los que se relacionan con las costas que era necesario", ha asegurado.
"NUNCA" UN ALGARROBICO MÁS
De hecho, ha indicado que con la ley vigente, no se habría producido "nunca una situación como la del Algarrobico" al tiempo que ha defendido que ese es " uno de los puntos fuertes de la Ley de Costas actual".
En todo caso, ha señalado que una vez se apruebe el reglamento, aún se tardará unos cuantos meses en ponerse al día con los títulos (concesiones o permisos) que no se habían tramitado con la ley anterior. Ramos ha apuntado que en la ley de 1988 había 23.000 propietarios con derecho a que se les entregara un título sustitutivo de su propiedad como consecuencia de la expropiación.
Así, ha apuntado que, de todos estos, en 2012 tenían un título acreditativo y actualizado un total de 900, por lo que 22.100 no tenían ningún título para seguir y, sin embargo, tenían derecho a solicitarlo de acuerdo con la Ley de 1988. "Esto nos ha llevado a pensar que la Ley de costas de 1988 se inaplicó en muchos ámbitos, fue un ejercicio teórico con muy poca aplicación práctica.
En total, ha dicho que con la nueva norma "quedan en pie" 40.000 edificaciones que son legales pero que no tenían título. De estas, se ha tramitado menos del 10 por ciento de las autorizaciones de ocupaciones en la costa, debido al "desorden" que provocó, a su juicio, la anterior normativa, debido a "una gran inaplicación de la ley, por la que apenas el 10 por ciento tiene un título vigente cuando en realidad tienen derecho a este". "Es sorprendente y difícil de explicar", ha valorado.
Además, ha indicado que se otorgará su título acreditativo al 90 por ciento restante porque cree que "el desorden en las costas españolas no ha favorecido a nadie: ni ha protegido más el medio ambiente o la costa y ha desprotegido a los propietarios".
En todo caso, una vez extinguidas las concesiones en dominio público que se les otorgarán, las propiedades revertirían al Estado, que puede proceder a su demolición o tomar otra decisión.
Finalmente, ha aclarado que este proceso aún llevara su tiempo, pero confía en que para el próximo verano, 2015, los expedientes de reformas u obras de mejora estarán "muy avanzados", aunque ha aclarado que, en ningún caso podrán modificar las dimensiones de la edificación, y que los chiringuitos estarán ordenados en un número "muy importante".