Montero dice que este viernes deciden si recurren o no la sentencia que afecta a la adjudicación de farmacias

A preguntas de los periodistas en Sevilla, Montero ha avanzado que "mañana mismo (por este viernes) estaremos en condiciones de poder trasladar que es lo que definitivamente han resuelto nuestros servicios jurídicos en esta materia", siendo el recurso en casación al Supremo "una de las posibilidades".

"Los informes jurídicos nos alumbrarán justamente sobre las diferentes posibilidades que podemos llevar a cabo", ha señalado Montero, al tiempo que ha puntualizado que, en caso de que no se decida recurrir al supremo, "veremos qué parte del procedimiento habría que incorporar" al proceso de adjudicación.

"Desde luego la voluntad del Gobierno es seguir adelante con la convocatoria de las farmacias, pero insisto que habrá que esperar a los informes jurídicos", ha zanjado Montero.

Precisamente la asesoría jurídica, laboral y contable especializada en temas farmacéuticos 'TSL Consultores' advirtió este pasado miércoles de que la Administración andaluza podría tener que hacer frente al pago de 6,62 millones de euros "en concepto de responsabilidad patrimonial" derivada del proceso jurídico al que podría verse sometida la Junta por la totalidad de afectados por este proceso de adjudicación de farmacias, siempre en caso de que finalmente la sentencia del TSJA fuese firme o ratificada por el Supremo en un hipotético recurso a este tribunal.

La letrada de esta asesoría Ana Sarmiento, que ya desgranó este pasado miércoles en declaraciones a Europa Press las cantidades y conceptos a reclamar que elevarían la cuantía a esos 6,62 millones, consideró que, ante la sentencia del TSJA, a la Junta le quedan dos posibles escenarios.

"Un primer escenario es recurrir al Supremo la sentencia del TSJA para intentar que todo el proceso de adjudicación no se venga abajo, mientras que el segundo de los escenarios posibles es acatar la sentencia del TSJA", detalló.

Sobre este segundo escenario, prosiguió que a la Junta le quedaría, en su opinión, dos vías; "entender que sólo tienen derechos a acceder de nuevo al proceso los mayores de 65 años que recurrieron la orden ante el TSJA y que ahora les ha dado la razón, o volver a la situación previa de 2010 (anterior a la orden), por lo que se tendría que repetir de nuevo todo el proceso".