La OMS pide un mejor acceso de las personas con discapacidad a los servicios sanitarios

Este organismo de Naciones Unidas recuerda que más de mil millones de personas, un 15 por ciento de la población mundial, padece alguna forma de discapacidad y entre 110 y 190 millones de los mayores de 15 años tienen dificultades considerables para funcionar.

La discapacidad es muy diversa y algunos problemas de salud vinculados con la discapacidad acarrean mala salud y grandes necesidades de asistencia sanitaria. No obstante, con independencia a ello "todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud que la población en general y, en consecuencia, necesitan tener acceso a estos servicios".

El problema, según la OMS, es que actualmente tienen "más necesidades insatisfechas" en este ámbito ya que, por ejemplo, un 35-50 por ciento de estas personas en países desarrollados y un 76-85 por ciento en países en desarrollo no han recibido tratamiento en el último año.

Entre las barreras que impiden el acceso a la asistencia sanitaria de estas personas destacan el coste "prohibitivo" que tiene en algunos países, que hace que en algunos países hasta la mitad de las personas con discapacidad no pueda pagarla, frente al 30 por ciento de las personas sin discapacidad.

Asimismo, también faltan servicios apropiados para las personas con discapacidad, al tiempo que también hay obstáculos físicos para el acceso a hospitales o centros de salud, o dificultades para la realización de pruebas diagnósticas como el cribado para el cáncer de cérvix o mama ya que "los equipos para las mamografías solo funcionan con la mujer de pie".

Entre las propuestas para "allanar" estas barreras, la OMS aboga por ofrecer una acceso a la atención sanitaria "de buena calidad, asequibles y con uso óptimo de los recursos", tratar de reducir las desigualdades sanitarias, establecer normas de asistencia para personas con discapacidad y garantizar su participación en programas de salud pública en condiciones de igualdad.

También pide considerar alternativas para reducir o eliminar los pagos directos por parte de las personas con discapacidad que no tienen otros medios de costearse los servicios de asistencia sanitaria, e incorporar la discapacidad en los programas formativos de los profesionales sanitarios para evitar tratos discriminatorios.