Un total de 17 ONG reclaman a todos los partidos reducir los trasvases y revisar el del Tajo-Segura

Por un lado, exigen una serie de medidas urgentes y de acción inmediata para el próximo gobierno, como reconocer por ley el derecho humano al agua en España; restringir la compraventa de derechos del uso del agua y condicionar el uso de esta herramienta a criterios de

transparencia, sostenibilidad e interés general; liquidar las Sociedades Estatales de Aguas y devolver sus competencias a la Administración Pública; y aplicar una política de recuperación de costes del uso del agua que incentive el uso eficiente del recurso.

Además, plantean acotar la definición de los conceptos de 'interés general' y 'obra de emergencia' para evitar abusos; y paralizar o abandonar de forma definitiva las obras hidráulicas con más conflictos ambientales y sociales como, a su juicio, son el dragado del estuario del Guadalquivir, el trasvase del río Castril, el embalses de Alcolea,

Yesa, Biscarrués o Mularroya. También plantean abrir un debate social amplio sobre otras alternativas.

Igualmente, piden revisar los regímenes de caudales, reactivar la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, promover infraestructuras verdes como alternativas a los dragados y encauzamientos fluviales, y ampliar el alcance y la aplicación de la figura de Reservas Naturales Fluviales con la protección urgente de más ríos tramos fluviales, como los ríos Hozgarganta, Genal, Grande y Castril, entre

otros.

Además, exigen medidas de mayor alcance, a desarrollar a lo largo de la legislatura, como reformar la Ley de Aguas, los organismos de cuenca y los planes hidrológicos del periodo 2016-2021, para garantizar el cumplimiento de la normativa europea; revisar los Planes Especiales de Sequía de acuerdo con la nueva planificación hidrológica y criterios sociales y ambientales; reformar el sistema concesional para ajustar las concesiones a la disponibilidad real del agua y las necesidades hídricas de los ecosistemas y racionalizar y simplificar los trámites administrativos para los usos lúdicos y recreativos.

Estas organizaciones reclaman también fomentar una mayor participación ciudadana activa en los debates, procesos y órganos de toma de decisión en torno al agua; impulsar la lucha contra las especies invasoras del medio acuático; garantizar una mejor coordinación de la política del agua con otras políticas como las de agricultura, desarrollo rural, conservación de la biodiversidad y ordenación territorial.

El documento termina con dos anexos sobre las cuencas de los ríos Guadiana y Tajo, como ejemplos para ilustrar lo que, en opinión de las organizaciones, demuestra la "necesidad de reformas de calado en las bases, la organización y la aplicación de la política de agua en España".

Todos los firmantes del documento se comprometen a trabajar en la próxima legislatura para conseguir los cambios necesarios para encaminar la política del agua hacia la sostenibilidad, la justicia y la legalidad, y así garantizar la calidad ambiental de los ríos, acuíferos y humedales como condición imprescindible para el uso sostenible de este recurso

natural tan preciado en nuestro país. Igualmente, las entidades firmantes esperan que los partidos políticos recojan estas propuestas de cara a la próxima legislatura.

Las entidades firmantes de este documento son: AEMS-Ríos con Vida;

Asociación en Defensa del Piragüismo y los usos Recreativos del Agua;

Asociación Ojos del Guadiana Vivos; Centro Ibérico de Restauración Fluvial; Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases; Ecologistas en Acción; Fundación Nueva Cultura del Agua; Greenpeace

Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo; Plataforma por la Defensa del Río Castril; Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua; Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus ríos; SEO/BirdLife

Unión Nacional de Pescadores Conservacionista; URA-Nueva Cultura del Agua; WWF; y Xúquer Víu.