El PP defiende hoy en el Congreso la regularización de los asistentes personales de las personas con discapacidad

Según denuncian los 'populares', a través de una proposición no de ley, existe un vacío legal en torno a la figura del asistente personal que provoca que las personas que se dedican profesionalmente a las tareas de asistencia se encuentren en un régimen de trabajo que no es acorde con su desarrollo laboral diario, ya que tienen que acogerse a convenios profesionales dentro del sector que no se ajustan a su perfil de trabajo.

De este modo, lamenta que se propicien situaciones contradictorias y difíciles de resolver tanto por parte del empleado como del empleador, por ese motivo es necesario regular la figura del asistente personal, para que así puedan disponer, tanto los trabajadores que se dedican o quieran dedicarse a este trabajo, como aquellas personas con discapacidad o mayores que quieran contratar un asistente personal, de un marco legal específico tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito laboral.

El PP recuerda que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tanto en el preámbulo como en el artículo 19, reconoce la asistencia personal como un "derecho para la vida independiente", al mismo tiempo que la Ley de Dependencia reconoce en su artículo 2 apartado 7 la figura del asistente personal.

Así, apunta a datos estadísticos que ofrece el Sistema de Dependencia, a 30 de abril de 2013, que refleja que de las 748.235 personas beneficiarias con prestaciones, tan sólo 1.211 (el 0,13%) recibían la prestación económica para la asistencia personal, de las cuales 1.061 pertenecían al País Vasco y 150 al resto del Estado, habiendo comunidades autónomas, como, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Murcia o La Rioja, que no contabancon ninguna prestación reconocida para la figura del asistente personal.

"Pese a la contratación de estas personas, en la actualidad lacualificación profesional de asistente personal carece de perfil profesional con reconocimiento oficial, este vacío legal, es uno de los factores que está impidiendo la extensión de esta figura entre las personas con discapacidad, es decir, se está produciendo una situación de inseguridad jurídica y laboral, que influye en las escasas contrataciones realizadas", agrega el PP.