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El PP rechaza pedir al Gobierno un estudio que cuantifique las prácticas inseguras a las que abocará la reforma

El PP ha rechazado en la Comisión de Igualdad del Congreso pedir al Gobierno que realice una previsión estadística que permita identificar el impacto sanitario y económico de la reforma del aborto como consecuencia de prácticas peligrosas o inseguras en materia de interrupción voluntaria del embarazo y complicaciones derivadas de las mismas, ante la previsible reforma de la Ley del Aborto.
Se trata de una iniciativa, que ha sido defendida por la diputada del PSOE Ángeles Álvarez, en la que ve conveniente que el Ejecutivo realice en el plazo de seis meses un estudio sobre las consecuencias sanitarias, psicológicas y jurídicas que tendría para las mujeres la aprobación del proyecto de "penalización de la interrupción voluntaria del embarazo". Esta iniciativa ha sido apoyada por todos los grupos de la oposición.
Desde el PP, la diputada Felicidad Rodríguez ha advertido de que el anteproyecto trata de proteger los derechos del concebido y no nacido tal y como dice el Tribunal Constitucional. A su juicio, esta iniciativa supone una "alarma injustificada" puesto que la futura reforma normativa no ha llegado al Congreso y todavía, por tanto, "es susceptible de mejora".
"Cuando Zapatero rompió con el consenso en ningún momento hablaron de pandemias. Sorprende también que no se preocupen de los efectos de la ley actual en la salud de las menores y sus alarmismos cuando los sitemas de vigilancia de salud funcionan muy bien", ha agregado.
Es más, sostiene que el PSOE con esta proposición no de ley tiene por objetivo "enturbiar" con esta pnl lo unico que quieran es enturbiar el futuro debate sobr euna inciaitiva legislativa que lugar primordial la segurdiad de la mujer.
LA "CRUZADA DEL GOBIERNO"
Por su parte, la diputada del PSOE, Ángeles Álvarez, ha criticado que el PP ha iniciado "una cruzada" limitando la educación sexual y limitando acceso a los anticonceptivos, además de amenazando a los que colabren con el aborto clandestino o a los autoinducidos que conlleva riesgos.
En la argumentación de la iniciativa, alerta de la realización de abortos por personas que carecen de la titulación, los conocimientos y las habilidades necesarias, que no garantizan estándares médicos mínimos, o la práctica de abortos autoinducidos, generalmente en malas condiciones higiénicas y sanitarias, es una de las causas "más importantes" en el mundo de mortalidad y morbilidad maternas.
Según ha defendido, la práctica de abortos inseguros supone complicaciones como el aborto incompleto, la sepsis o infección generalizada, hemorragias y lesiones en órganos internos, como perforación o desgarro del útero.
Así, ha pronosticado que 20.000 mujeres recurrirán al aborto por personas que no están capacitadas o a los abortos autoinducidos en general y en malas condiciones de higiene, con la consecuente muerte de cerca de 200 mujeres.
Por tanto, considera que es competencia del Ministerio de Sanidad conocer los efectos derivados de la clandestindiad en materia de aborto, máxime cuando sostiene que con la futura reforma del aborto que prepara el Gobierno "una mujer que quiera abortar lo hará en cualquier circunstancia".
Igualmente, ha precisado que una de cada cinco mujeres que se sometían a abortos peligrosos padecían como consecuencia de ello infecciones del aparato reproductor, señalando la restricción y penalización de la interrupción voluntaria del embarazo como una de las causas de mortalidad y morbilidad materna.
Álvarez considera que, dadas experiencias anteriores y de otros países, en que la legalización ha venido acompañada de una reducción significativa de complicaciones y muertes relacionadas con el aborto, el impacto que tendría en España una reforma como la que plantea serán daños para la salud de las mujeres.
A su juicio, supondrá una circunstancia que implicará la necesidad de prever en el Sistema Nacional de Salud toda una serie de procedimientos de atención postaborto que permitan el cuidado de las consecuencias pandémicas del aborto inseguro.
Por todo ello, le pide que tenga en cuenta las infecciones o lesiones intraabdominales, las embolias por bombeados en el útero, lesiones cervicales y shock endotóxico, la ruptura del saco amniótico en la matriz con objeto punzante o alambre, la introducción de mezclas tóxicas, la retención de tejido, las reacciones tóxicas a la autoadministración de medicamentos abortivos de venta libre o medicamentos obtenidos ilegalmente, así como inyecciones vaginales de distintas soluciones jabonosas.
Toni Cantó ha apoyado esta iniciativa que pide estudios técnicos en un impacto normativo pero ha manifestado que le parece "menos objetivable" las consecuencias psicológicas y pide una prospección estadística muy difícil de elaborar.
Desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Caridad García Álvarez, se ha sumado a la propuesta del PSOE, y ha insistido en que interrumpir de forma voluntaria el embarazo es un derecho y ve "penoso" que se retroceda en el mismo y se obligue a viajar al extranjero a mujeres pudientes para poder hacerlo. Igualmente, ha alertado de las situaciones patológicas posibles con las prácticas inseguras a las que va a abocar a su juicio la ley.
COMPROMISOS INTERNACIONALES
Por otro lado, la Comisión de Igualdad ha rechazado con los votos del PP, y la abstención de CiU, una proposición no de ley impulsada por la socialista Carmen Montón en apoyo del pleno cumplimiento del Programa de Acción de El Cairo hacia la Agenda de Desarrollo más allá del 2014, para integrar la centralidad de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, incluidas niñas, adolescentes y jóvenes, dentro de las políticas de salud, población y desarrollo.
En ella quería instar al Gobierno a establecer acciones específicas para que en el proceso de aplicación del citado programa se impulse una acción concertada entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, con énfasis en los espacios colectivos de mujeres, que conlleve el acceso universal y sin barreras a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, integrales e integrados, incluyendo el desarrollo de políticas públicas que promuevan la igualdad de género entre hombres y mujeres.
Con el fin de respetar los derechos humanos de las mujeres, planteaba asegurar que en desarrollo de la legislación actualmente vigente en España, se preservase el acceso a la información adecuada, a los anticonceptivos, y a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) segura y legal, en el marco de la prestación de los servicios públicos correspondientes.
A su vez, quería que se informase ante la Comisión de Igualdad sobre las actuaciones y medidas previstas en relación al cumplimiento del Programa de Acción de El Cairo y su desarrollo en el ámbito de la cooperación internacional y de nuestro país, con el fin de asegurar su adecuado seguimiento y evaluación en sede parlamentaria.