PSOE pide en el Congreso un estudio empírico de los más de 880 casos mortales por violencia de género desde 2001

Se trata de una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, que ha sido elaborada por la 'número dos' del Grupo Socialista en el Congreso en materia de violencia de género, la diputada por Madrid, Ángeles Álvarez, para su debate en la comisión de igualdad de la cámara.

Precisamente, esta misma tarde Mato mantiene una reunión con las portavoces parlamentarias para evaluar posibles cambios en la vigente normativa de violencia de género, antes las elevadas cifras registradas en lo que va de año, y dado que en diciembre se cumplen diez años de su puesta en marcha.

En su iniciativa Álvarez plantea también la modificación de los protocolos de valoración de riesgo establecidos hasta el momento para incorporar en las valoraciones remitidas a los juzgados las informaciones de la Asistencia Social a las víctimas, los servicios de urgencias hospitalarias, medicina de familia, organismos con programas de reparación del daño, o centros de atención a la mujer.

Asimismo, quiere promover un acuerdo con las comunidades autónomas para incluir en sus programas de atención social a las víctimas ítems para recabar informaciones de interés que puedan incorporarse a la valoración de riesgo, además de establecer un sistema para una nueva revisión de la valoración de riesgo tras la finalización de las medidas establecidas judicialmente.

HAY QUE AVANZAR

En su argumentación, Álvarez explica que el sistema de seguimiento integral en casos de violencia de género (VIOGEN) es una aplicación informática web de ámbito nacional, diseñada y desarrollada por la secretaria de Estado de Interior, que pretende mejorar la protección a las víctimas de violencia de género mediante el seguimiento de las circunstancias de riesgo que concurren en ellas, alertando de su evolución y adoptando las medidas de protección adecuadas para prevenir y evitar el riesgo a sufrir nuevas agresiones.

Desde la aprobación en Consejo de Ministros en diciembre de 2006 del Catálogo de Medidas Urgentes en la lucha contra la violencia de género, en el que se inició el camino para la creación de la aplicación informática para el seguimiento de las circunstancias que concurren en cada caso de maltrato se han realizado actuaciones de implantación progresiva del sistema, "que han sufrido un inexplicable parón a partir de 2011", denuncia la diputada.

Es más, sostiene que desde la puesta en marcha del sistema y con posterioridad a su utilización los profesionales han identificado la necesidad de diversificar las fuentes de información para una adecuada valoración de riesgo.

A su vez, la diputada del PSOE indica que los anteriores responsables de Interior pusieron de manifiesto la necesidad de que se trabajara en la incorporación de los servicios sociales municipales y autonómicos presentando esta acción como la asignatura pendiente de la cooperación interinstitucional desde la puesta en marcha del sistema.

En este contexto, recuerda el caso de Ángela González y su hija Andrea, cuyo caso ha motivado una condena contra España por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU. A pesar de que la víctima de violencia de género huyó de su agresor y denunció hasta en una treintena de ocasiones, se mantuvo el régimen de visitas de su hija con el padre maltratador y al final éste asesino a la niña en uno de los encuentros.

Álvarez defiende que gran parte de los casos ponen en entre dicho la garantía de los derechos y la protección de las mujeres que acudieron al sistema policial, judicial o social para cesar su relación con el agresor y han manifestado de manera contundente la necesidad de generalizar la valoración forense y de integrar a otros profesionales especializados de cara a completar la valoración que realizan actualmente los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Igualmente, señala que los informes de evaluación del riesgo de violencia deben considerar no sólo la realidad objetiva (lesiones físicas o psicológicas), sino que también deben tener en cuenta los elementos de vulnerabilidad de las víctimas que les impide reaccionar o anula su capacidad de identificar el riesgo.