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PSOE presenta en el Congreso una iniciativa para que el Gobierno en funciones no decida sobre reabrir la planta

Plantea también recuperar la financiación de la dependencia y derogar la Ley de Seguridad Ciudadana
El PSOE ha presentado este miércoles una nueva batería de iniciativas parlamentarias en el Congreso para "recuperar" derechos civiles, sociales y económicos, entre las que se encuentra la que insta al Gobierno a no adoptar, en su condición de 'gobierno en funciones', ninguna decisión para reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).
Se trata de una proposición no de ley, recogida por Europa Press, en la que pide que se mantenga, "sin ninguna modificación", la condición de cese definitivo de su explotación, que la planta atómica tiene desde el 6 de julio de 2013, y exigiendo a la empresa titular Nuclenor (Endesa e Iberdrola) a continuar "sin ulterior demora" el proceso que debe conducir a la obtención de una autorización de desmantelamiento de la central.
Además, quiere que el Gobierno desarrolle un plan de incentivación de actividad económica en la zona, para garantizar los puestos de trabajo de cara a un futuro cierre de la central.
DEROGAR EL DECRETO QUE PERMITIRÍA LA REAPERTURA
En esta misma iniciativa, los socialistas reclaman la supresión del decreto para la gestión responsable de combustible nuclear gastado, donde el actual Ejecutivo cambió un reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (RINR) "para permitir la renovación de Garoña", que ya había entrado en situación de cese definitivo de explotación.
"Esa modificación se realizó para permitir que Nuclenor pudiera solicitar una renovación de explotación en vez de tener que solicitar, como correspondía, una nueva autorización de explotación, lo que hubiera comportado mayores exigencias, en particular, una declaración de impacto ambiental", sostiene el PSOE.
Otra de sus peticiones en la proposición no de ley es que se revise la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, garantizando la solvencia de los criterios técnicos y de seguridad establecidos por el CSN. Para ello, exige que el Ejecutivo apruebe el séptimo plan general de residuos radiactivos.
En la iniciativa también urge a iniciar un proceso de diálogo para alcanzar un pacto de estado de Energía, para dar una mayor estabilidad al sistema, además de requerir al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la actualización del conocimiento sobre riesgos sísmicos en todos los emplazamientos nucleares.
"RECUPERAR DERECHOS"
Por otro lado, el PSOE ha presentado una iniciativa para "reforzar" el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales y "devolver" a las entidades locales las competencias en materia de prestación de los servicios sociales, frente a los "recortes del Gobierno del PP", "especialmente en la reforma laboral" que, a su juicio, "priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social".
En otra proposición no de ley, el PSOE tiene por objetivo urgir a la Cámara Baja a garantizar el desarrollo y la financiación del Sistema de Dependencia. Reclama a su vez modificar la ley y así "eliminar las medidas incorporadas en la pasada legislatura", suprimiendo las restricciones en materia de incompatibilidades y cuidados familiares, suprimiendo el copago, priorizando la gestión pública del sistema, y promoviendo mecanismos de financiación adicionales en la atención a la dependencia que se vinculen a la reducción de listas de espera.
DEVOLVER LA NACIONALIDAD
En el ámbito de los derechos civiles, el PSOE ha presentado una propuesta para que los hijos y nietos de españoles que viven en el extranjero "recuperen" su derecho a la nacionalidad. Para ello, sugiere que es necesario elaborar un proyecto de ley de Nacionalidad, procurando el máximo consenso entre las fuerzas políticas, que recoja los derechos de ciudadanía de españoles en el exterior.
En dicha reforma solicita que se aborde la actualización de los supuestos de adquisición de la nacionalidad por residencia, que incorpore una reducción "sensible" de los plazos máximos establecidos actualmente, la revisión de los supuestos de renuncia a la nacionalidad anterior, y la valoración de la trayectoria de integración, más allá de un examen, como elemento preeminente a la hora de evaluar las condiciones del acceso.
Finalmente, ha presentado otra proposición no de ley en la que insta a la Cámara a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana ya que, a su juicio, establece un nuevo marco jurídico donde se lleva a cabo una "degradación", hasta hacerlos "prácticamente irreconocibles" en su inicial configuración constitucional de derechos y libertades, como las de expresión, reunión, manifestación, y huelga entre otros, "convirtiendo al ciudadano activo y crítico en el enemigo de la seguridad".