El PSOE pide al Gobierno que no sancione a los emigrantes retornados que no declararon sus pensiones

Varios diputados de las regiones con más número de pensionistas afectados, Andalucía, Galicia y Asturias, han registrado una proposición no de ley en la que se pide la colaboración del Gobierno y han informado de que la próxima semana formularán sendas preguntas sobre este asunto a los ministros de Hacienda y Trabajo, Cristóbal Montoro y Fátima Báñez, respectivamente.

De no ser "convincentes", pedirán la comparecencia en sede parlamentaria del primero para que "explique por qué se ha cambiado de criterio, por qué no se ha informado, por qué se sigue persiguiendo a la gente más débil y cuántos afectados hay", han explicado los socialistas Antonio Hurtado y Miguel Ángel Heredia tras reunirse con la presidenta de la Federación Española de emigrantes retornados (Agader), Eva Foncubierta.

La problemática reside en los requerimientos y liquidaciones del IRPF por parte de la Agencia Tributaria que en los últimos meses han recibido los emigrantes retornados por las pensiones que percibieron del extranjero durante el ejercicio 2008, último no prescrito. Agader denuncia que Hacienda ha aportado una información errónea ya que la Administración les había hecho llegar que las pensiones no tenían que ser declaradas en el IRPF.

Tan es así, que estas rentas percibidas no aparecían en los borradores que aportaba Hacienda para hacer la declaración de la Renta, ha explicado la portavoz de un colectivo, que no entiende que ese cambio de criterio, sin información previa, responde a la "mala fe" y al "afán recaudatorio".

"NO SON DEFRAUDADORES"

El diputado Miguel Ángel Heredia ha recalcado que no se trata de que los emigrantes "no quieran pagar" sino que lo que no deben pagar es "la multa y el recargo" porque "no son defraudadores" sino "claramente cumplidores". "Ellos no quieren una amnistía, quieren poder cumplir con esas obligaciones", ha añadido Hurtado.

Al hilo de ello, los dos socialistas consideran "totalmente inaudita" la situación ya que, "mientras que el Gobierno ha amnistiado a miles de personas con grandes rentas de dudosa legalidad y ha tenido una actitud de colaboración al no exigir intereses de demora ni abrir expedientes sancionadores", con los emigrantes retornados "no tiene ninguna consideración".

"El Gobierno aprueba una amnistía fiscal para grandes defraudadores y guante de seda para los poderosos y machaca a los más débiles", ha lamentado el también secretario de los socialistas malagueños, que ha insistido en la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, "muchos de los cuales son hoy en día el único sostén de miles de familias".

"La agencia se ha comportado como un elefante en una cacharrería, sin ninguna consideración con un colectivo de personas que ha contribuido al desarrollo de este país yéndose al extranjero y que ha estado muchos años fuera de su país, alejado de su familia", ha lamentado Hurtado.

Por su parte, la diputada Gracia Fernández ha calificado de "preocupante" la situación porque los emigrantes quieren cumplir con las obligaciones que les exige la Ley" pero necesitan de "facilidades" para hacer frente a este pago.

HASTA 20.000 EUROS

Los diputados han explicado que solo en Andalucía hay 10.000 emigrantes retornados afectados pero esta cifra se "disparará" porque solo se han hecho los requerimientos correspondientes a 2008, pero quedan todos los años restantes hasta la actualidad.

La cuantía de las deudas que Hacienda reclama a los pensionistas varía entre 3.000 y 20.000 euros, mientras que la "mayoría" de las pensiones son de 40, 50 o 100 euros al mes, según sus datos.

En la iniciativa que el PSOE ha registrado en el Congreso, para su debate en pleno, se reclama al Gobierno que colabore con los emigrantes para que puedan regularizar su situación fiscal y que no se inicie ningún expediente sancionador sobre las pensiones y se cierre de oficio los ya abiertos. Además, proponen una línea de crédito ICO a medio y largo plazo, sin interés remuneratorio, para que los pensionistas puedan regularizar, y una campaña informativa sobre las obligaciones tributarias.

Además, la responsable de la federación ha indicado que ha pedido una reunión con el ministro Montoro y el secretario de Estado de Hacienda, solicitud que aún no ha obtenido respuesta. Foncubierta ha rechazado prácticamente la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones porque es un colectivo "de personas mayores" y, por ello, "difícil de movilizar".

En el encuentro de este jueves también han participado María Luisa Carcedo y Laura Seara, parlamentarias de Asturias y Galicia, las otras dos regiones que, junto con Andalucía, tienen un mayor número de emigrantes retornados.