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El Parlamento Europeo admite las dos denuncias de las víctimas de Angrois y pide documentación a la Agencia Ferroviaria

Las demandas, por incumplimiento de la normativa de seguridad y publicidad engañosa, serán investigadas por la comisión de peticiones
La comisión de peticiones del Parlamento Europeo ha decidido iniciar el examen de las dos denuncias presentadas por la plataforma de víctimas del accidente del Alvia, al considerar que "cumplen los requisitos de admisión a trámite".
La noticia de la admisión de las dos denuncias, una con que los afectados por el siniestro ferroviario acusan al Estado español de incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria, y la segunda sobre un posible delito de publicidad engañosa, ha llegado al colectivo a través de una carta remitida por la presidenta de dicha comisión, Cecilia Wikström.
La misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que el asunto "incide en el ámbito de actividades de la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo". "La seguridad ferroviaria está regulada por la UE en la Directiva 2004/49/CE (modificada por la Directiva 2008/57/CE, la Directiva 2008/110/CE y la Directiva 2009/149/CE)", añade.
Por ello, el ente de la Eurocámara informa a las víctimas de que "ha solicitado un informe sobre este accidente a la Agencia Ferroviaria Europea", puesto que "entre sus competencias está el hacer recomendaciones a las especificaciones técnicas de la Comisión Europea sobre la interoperabilidad (ETT) y la seguridad".
Asimismo, "y en base a las conclusiones de ese informe", la comisión de peticiones reclama también que la Agencia Ferroviaria "proponga acciones para mejorar la seguridad ferroviaria en Europa", según explica en la carta.
Así, concluye que "proseguirá el examen" de las peticiones de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 "tan pronto como disponga de la información necesaria".
VIAJE EN NOVIEMBRE Y PRIMEROS RESULTADOS
En noviembre, integrantes de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, que agrupa a la mayoría de los afectados por el accidente del tren en Santiago que dejó 81 muertos y 144 heridos en julio de 2013, viajaron de la mano del BNG a Bruselas para reunirse con responsables de transporte de la Comisión y del Parlamento europeos.
En abril, la Agencia Ferroviaria Europea les comunicó que había terminado su examen del informe de la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios) al respecto de las causas del descarrilamiento.
Después de varias negativas, el pasado 31 de mayo, la Comisión afirmó estar estudiando la posible publicación de ese informe, tras haber cerrado el expediente de infracción abierto a España por la aplicación de las normas de seguridad ferroviarias de la UE. "El proceso de infracción se ha cerrado", según confirmó el portavoz de Transportes del Ejecutivo comunitario, Jakub Adamowicz.