Presentada en Argentina una demanda por los crímenes del franquismo

Rivas e Inés García, sobrina de un otra víctima del franquismo, encabezan la querella presentada un la Cámara Federal argentina por genocidio y crímenes contra la Humanidad cometidos durante la Guerra Civil española y la dictadura de Francisco Franco.

Arropados por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y más de una docena de organizaciones de Derechos Humanos, los demandantes confían en que la querella consiga una reparación histórica que las víctimas no han logrado todavía en España.

La "querella criminal" por "delitos de genocidio y/o de lesa humanidad" abarca el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la dictadura.

Presentada ante la jueza María Romilda Servini de Cubría, la demanda se fundamenta en el principio de "jurisdicción universal" para juzgar crímenes de lesa humanidad contemplado en la Constitución argentina y "consagrado en el Derecho Internacional".

En España, sostiene el texto, hubo "un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes".

La querella solicita a la Cámara Federal de Buenos Aires que recabe los nombres y último domicilio conocido de los miembros de los Consejos de Ministros de los gobiernos españoles en funciones entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, y certificación de los fallecidos, así como de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española del mismo periodo.

Entre los nombres y domicilios que piden recabar se encuentra el del presidente fundador del Partido Popular (PP), Manuel Fraga.

Asimismo, solicitan una lista con el número de desaparecidos, asesinados y torturados, otra de las fosas halladas en España, un censo de los niños robados a sus familias durante la dictadura y los nombres de "todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas".

Los demandantes esperan que la causa se nutra con aportaciones de víctimas repartidas por todo el mundo para aclarar lo que califican como "crímenes aberrantes del régimen franquista".

"Es una suerte de rizo de la Historia y una deuda, una justa deuda que podemos empezar a pagar", afirmó hoy Eduardo Tavani en nombre de la Asociación argentina de Abogados, durante una emotiva presentación interrumpida por aplausos y por lemas coreados por víctimas de la represión argentina, como "vayan donde vayan, los vamos a buscar".

"Es una esperanza, un poco tarde, pero es una esperanza de que algunas familias recuperen los cadáveres", aseguró Darío Rivas en declaraciones a Efe.

Rivas recuperó en 1994 los restos de su padre, Severino Rivas Barja, fusilado en 1936 cuando era alcalde de Castro de Rei (provincia de Lugo, norte de España) y arrojado a una fosa común.

"Sin memoria no hay justicia", insistió Rivas en un escrito leído hoy por su sobrina, en el que advirtió que "el camino de la concordia y la reconciliación no excluye la justicia ni implica el olvido" y que "España tiene la obligación moral de restaurar la dignidad de las víctimas de su siglo más sanguinario".

También para Inés García Holgado -sobrina de Elías García, encarcelado en 1936, cuando era alcalde de Lumbrales y diputado, y asesinado en 1937- hoy fue un "día feliz" y una jornada para honrar a las víctimas.

A juicio de Pérez Esquivel, este proceso marca un "momento histórico y fundamental" y es necesario seguir luchando contra la "impunidad jurídica".

La presentación se convirtió en acto de solidaridad con el juez Baltasar Garzón, que afronta en España una causa por un presunto delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

"Esta querella no tiene el objetivo de salir en apoyo de Garzón, pero también encierra un acto de solidaridad", explicó el abogado Carlos Slepoy, que colaboró con el juez español en varias causas contra represores de la dictadura argentina (1976-1983).

Según Slepoy es "incongruente" que la Justicia española considere que no se pueden investigar crímenes de lesa humanidad en España cuando autorizó la investigación del mismo tipo de crímenes en otros países, como en Argentina.

El caso de Garzón, agregó Pérez Esquivel, no es un hecho aislado porque "se trata de silenciar la memoria del pueblo español, de la Guerra Civil española".

"Por eso estamos aquí, para abrir las puertas, que pueda entrar la luz, la verdad y la justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos", concluyó.