SEMFYC ve "inviable" cobrar un canon a los inmigrantes ilegales por ser atendidos en la sanidad pública

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) consideraría "inviable" cobrar un canon a los inmigrantes ilegales por ser atendidos en la sanidad pública. Así lo ha expresado a Europa Press el secretario general de esta sociedad científica, Salvador Tranche, al tiempo que ha considerado como "positivo" que el Gobierno reflexione por cambiar la situación.

Tras aprobarse el pasado viernes en el Consejo de Ministros la exclusión de los inmigrantes en situación irregular de la cobertura sanitaria, este martes se ha conocido que éstos podrán ser finalmente atendidos si pagan un canon mensual de 56 euros -710 euros anuales-. Esta medida "es mala porque este colectivo está en exclusión social y económica, y no puede hacer frente al pago", subraya Tranche.

Por ello, el representante de SEMFYC sostiene que esta solución "no responde al problema que hay en este momento porque los inmigrantes siguen sin posibilidades. No es realista", apostilla. Además, lamenta que el ciudadano que está realmente en situación irregular no entre dentro de esta medida, ya que no está empadronado.

Tranche añade que supone que el Gobierno no cuenta con obtener por esta vía una parte de los 1.000 millones que espera ahorrar. "Es un poco irrisorio exprimir más al que menos tiene", lamenta. A su juicio, el objetivo que se pretende alcanzar cobrando un canon es "hacer aflorar parte del colectivo, quizás algo de economía sumergida".

Por otro lado, el galeno admite que es mejor solución la que se está proyectando en Baleares y Comunidad Valenciana, en las que "están estudiando hacer una valoración individualizada de cada inmigrante por parte de trabajadores sociales". Así, se determinaría que tipo de asistencia recibiría y, "al menos, se individualizaría", asegura.

Por último, Tranche, que se muestra seguro de que los médicos de Atención Primaria objetores de conciencia "seguirán atendiendo a todos los pacientes", ha lamentado que la unidad administrativa no les de cita y no puedan llegar a la consulta. "Nos gustaría que el Gobierno hiciera una reflexión que sea viable", interpela.