Sáez Aguado insiste en que ningún inmigrante irregular quedará sin atención sanitaria y a la vez cumplirá la ley

Sáez Aguado se ha expresado así en el marco de una comparecencia en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, a petición del PSOE, para explicar la asistencia sanitaria a 'sin papeles' en la Comunidad.

El consejero ha hecho una exposición sobre la situación que ha generado la puesta en marcha de este Real Decreto, sobre todo motivado por la no facturación de la atención sanitaria a extranjeros que, por el mero hecho de estar empadronados, recibían ésta en España a pesar de estar asegurados en otro país, cuando debería pagarlo éste último, algo que además es exportable (puede llegarse a facturar a España por la atención a un paciente con tarjeta española en territorio extranjero).

Sin embargo, ha recordado que hay situaciones extraordinarias en las que el Real Decreto hace excepciones y no dejará sin cobertura sanitaria a extranjeros sin residencia en España en casos de urgencia, menores, víctimas de malos tratos, personas que pidan asilo o refugio o mujeres embarazadas.

A este respecto, ha aseverado que la previsión de la Junta es atender a estas personas, tal y como contempla el Real Decreto, pero además se va a tratar de que las demandas asistenciales de personas en situación irregular no generen alteraciones del sistema, especialmente de las urgencia.

Por ello, la Junta establecerá un sistema con "elementos añadidos" para atender a personas en casos de situaciones que puedan suponer un problema de salud pública y se dará protección sanitaria a persona que no tiene derecho específico.

En el primero de los casos, Sáez Aguado ha concretado que se atenderán todas las situaciones de enfermedades de declaración obligatoria, como virus infecciosos y contagiosos, también el virus de la inmunodeficiencia (VIH) por ejemplo.

FARMACIA HOSPITALARIA

Para ello, ha aclarado que se utilizarán para prescripción fármacos o bien en el marco de campañas sanitarias o de servicios hospitalarios, ambos sin coste, para lo que trabajan con entidades para que el procedimiento esté perfectamente analizado.

El programa de protección incluirá la atención en centros de Atención Primaria y consultas "a demanda" lo que supondrá que estas personas podrán acceder a las más de 200 pruebas diagnósticas que se hacen en Primaria y a los tratamientos.

Asimismo, ha concretado que se establecerá un procedimiento de remisión a Atención Especializada cuando haya riesgos vitales cercanos como insuficiencia renal con necesidad de diálisis, insuficiencia respiratoria, tratamientos antineoplásicos y, en general, para quienes puedan demostrar tres meses de empadronamiento, finalizar los tratamientos hasta su finalización.

Además, los procedimientos se coordinarán con Servicios Sociales para informar y atender otras necesidades que pudieran tener estas personas inmigrantes en situación irregular. También se ha establecido contacto con sociedades científicas y trabajadores sociales, así como entidades de atención a inmigrantes para que planteen cuestiones e informarles del programa.

El consejero ha aclarado que se trasladarán las instrucciones a los profesionales una vez se terminen de incorporar las bases de datos actualizadas de personas que tienen derecho a asistencia y las que están excluidas, ya que se están depurando estas lisas porque se ha detectado que inmigrantes en situación irregular con tarjeta sanitaria no están en España.

La estimación, según Sáez Aguado, es que hay unos 4.500 o 5.000 inmigrantes en situación irregular que viven en Castilla y León que pueden quedar excluidos de la atención.

En este contexto, el consejero ha añadido que a todos los extranjeros se les facturará y se reclamará a los países de la UE o a los que tienen convenio con España para esta cuestión --que se quieren ampliar-- y, si no, a las personas atendidas, con independencia de las posibilidades de cobro que haya.

PUEDE NO COBRARSE

A este respecto, ha aclarado que hay obligación de facturar y, en el caso de los inmigrantes irregulares, hay algunos que cuentan con recursos porque trabajan en la economía sumergida, y ha añadido que "si queda en el cajón de los impagados, aquí paz y después gloria".

Por su parte, la procuradora socialista Mercedes Martín ha calificado el decreto de "peligroso" y ha asegurado que, a su juicio, se cambiado un modelo que garantizaba la equidad y la igualdad, "sin consenso" y con repercusiones en la sanidad pública.

Martín ha asegurado que se ha limitado la atención a los colectivos "más vulnerables" con una medida "regresiva y discriminatoria" se ha "roto" el consenso de los últimos 25 años.

En esta línea, se ha mostrado convencida de que las "chapuzas y parches" para los inmigrantes irregulares supondrán un ahorro mínimo en la sanidad pero tendrán "gran impacto" en la salud, pero además ha criticado que no hayan participado en ella los profesionales, que "rechazan" llevar a cabo una medida que ocasionará disfunciones.

Martín considera además que si el consejero dice que garantiza la atención a estos inmigrantes, debería de rechazar el Real Decreto del Gobierno.

Por otro lado, el portavoz del Grupo Mixto, José María González, ha criticado que una medida que se ha hecho en contra del uso y "abuso" de extranjeros que viven en el Mediterráneo español vaya al final en contra de las personas que no tienen recursos y han acudido a la Comunidad a "buscar alimento y perspectivas de vida".

Además, cree que desaparece el derecho universal a la sanidad y ha incidido en que todas las medidas que el consejero trata de explicar tienen este fundamento y ve una contradicción, por lo que ha instado al consejero a que, si no quiere, no diga que no va a cumplir el Real Decreto, pero que a la vez deje la "puerta abierta" a la atención sanitaria a todos los que viven en Castilla y León.

Por parte del Grupo Popular, Jesús María Aguilar ha asegurado que ningún extranjero dejará de ser atendido en centros sanitarios de Castilla y León y cree que la medida sirve para "poner orden", algo que se debería de haber hecho hace "mucho tiempo".