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Sanidad se compromete a promocionar que haya personas con discapacidad en los tribunales que seleccionan funcionarios

La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha anunciado este martes que el Gobierno promocionará que haya personas con discapacidad en los jurados u órganos de selección de funcionarios o empleados públicos en aquellos sectores en los que se registre una presencia importante de este grupo de población.
Según ha señalado en la inauguración de una Jornada sobre empleo público y discapacidad organizada por CERMI y el sindicato CSI·F, se trata de una iniciativa de sensibilización que buscará dar mayor calidad y seguridad en el empleo a las propias personas con discapacidad.
El objetivo, así "no es sólo favorecer que las personas con discapacidad accedan a puestos de trabajo, sino también desarrollar políticas públicas que contemplen todas las fases y matices del proceso: la selección, la carrera profesional, la formación en el puesto de trabajo, la seguridad y salud laboral, la conciliación, la accesibilidad plena de estos trabajadores y la discapacidad sobrevenida".
La secretaria de Estado ha reconocido que en España aún queda "mucho camino que recorrer", y por ello, "hay que dar un paso más para ser capaces de mejorar las condiciones de trabajo y la carrera profesional" de las personas con discapacidad. Se aseguraría así un "éxito efectivo" de la inclusión laboral de estos empleados públicos. "No sólo hay que franquear la entrada a la casa, sino que ésta ha de ser habitable", ha declarado.
No obstante, ha asegurado que "ya se está avanzando en la dirección adecuada", pues "la contratación a personas con discapacidad ha aumentado un 20% al cabo del primer semestre de 2014, en comparación con el mismo periodo del año anterior" y desde 2011, se reserva un 7% de las ofertas de empleo público de las que el 2% han de recaer en personas con discapacidad intelectual, algo que "durante muchos años se ha estado incumpliendo de manera sistemática".
En este sentido, ha señalado que la oferta de empleo público para 2014 guarda un total de 174 plazas para personas con discapacidad, y de ellas 46 irán destinadas a personas con discapacidad intelectual, para quienes se adaptarán "convenientemente" sus contenidos y exámenes, tal y como informan desde su departamento.
Tras el acto inaugural, se ha celebrado una mesa redonda en la que se ha abordado 'La visión de los empleados públicos con discapacidad' y se ha contado con las aportaciones, entre otros, de la participación de la directora de la Oficina de Atención a la Discapacidad, María Luisa Peña; el secretario general del IMSERSO, Francisco Alfonso Ferrándiz; Inma Mazón, empleada pública de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid; y la doctora en Medicina Carmen Sánchez.
LA MAYOR DIFICULTAD, LA PROMOCIÓN
Peña, tras repasar su trayectoria en la Administración Pública, ha destacado la necesidad de mejorar aspectos como la formación para empleados públicos con discapacidad, especialmente en materias como el inglés, o la ausencia de adaptaciones en los puestos de trabajo. Ferrándiz, sin embargo, ha asegurado que en el ámbito de la selección los avances cuantitativos son "evidentes", aunque a nivel comparado con otros países como Reino Unido queda "mucho margen de mejora".
La mayor dificultad, en su opinión, está en el acceso de las personas con discapacidad a los grupos superiores "por la tensión entre el tipo de prueba y la forma de acreditar los conocimientos" y ha lamentado que "a los tribunales de selección se les obligue a entrar en campos en los que no están formados".
Desde su punto de vista, "no se trata solo de incorporar personas con discapacidad sino que una vez dentro de la Administración se debe asegurar la empleabilidad de las personas con discapacidad y garantizar el desarrollo de su carrera profesional sin barreras por su discapacidad".
Durante la clausura, la directora Ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, ha puesto en valor la colaboración entre la Administración y el movimiento asociativo de la discapacidad en este ámbito, algo que, ha dicho, "está dando sus frutos".
Finalmente, ha intervenido la directora general de la Función Pública, Carmen Sánchez, quien ha apostado por "seguir evaluando y denunciando el no cumplimiento de las normativas relativas al empleo público en el ámbito de la discapacidad", en aspectos como la preferencia de destino, el acceso a la función pública, la accesibilidad al entorno laboral, o la reducción de la edad de jubilación para el colectivo.
"La inclusión supone un enriquecimiento cultural y social, hay que luchar contra la desigualdad y no contra la diversidad", ha señalado.