El Senado da luz verde a la Ley de Parques Nacionales, con excepciones como la caza permitidas hasta 2021

El pleno del Senado ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Parques Nacionales, y lo ha remitido al Congreso para su refrendo definitivo, con los votos a favor del PP (143) y el rechazo de la mayoría de la oposición (92) --además de 6 abstenciones--. La Cámara Alta ha rechazado siete vetos que pedían la devolución del un texto que consideran "innecesario", "inoportuno", "inconstitucional" y que invade competencias.

Entre las enmiendas aprobadas de las 278 presentadas al texto, destacan las relacionadas con mayor participación de municipios cercanos a Parques Nacionales. En todo caso, la polémica se ha centrado en la enmienda 278, ya incorporada, y que prolonga hasta 2021 la realización de determinadas actividades prohibidas en parques nacionales, como la caza.

Durante el debate, la oposición ha insistido en que el dictamen del Consejo de Estado al texto recomienda revisarlo en su totalidad, así como a la carta que 11 directores de parques remitieron al director del Organismo Autónomo, Basilio Rada, quejándose de la mencionada enmienda.

Durante la defensa de los vetos, el senador del PSOE Miguel Fidalgo ha defendido la "plena vigencia" de la Ley de 2007 "aprobada por todos los grupos parlamentarios". "El texto de por si es muy grave, agravado por la enmienda 278, ha lamentado.

También ha criticado que la enmienda 278, que considera una "bomba atómica" para estos espacios, se ha modificado "violentando" el reglamento del Senado". "Mandaron al director de Parques Nacionales a consensuar en una cacería una Ley y el ministro escribió una ley, la ley que le pidió Cospedal (...) y a última hora le meten un texto que lo cambia todo", ha denunciado. Su compañero de filas, Gregorio Medina, ha pedido la dimisión del director del Organismo Autónomo por ser el responsable del diseño de esta ley.

Desde CiU, Pere Maluquer, ha subrayado, además, que la futura norma invade las competencias de las comunidades autónomas y ha advertido, además, de que la norma rebaja la protección ambiental.

Mientras, el senador de Entesa Catalana, Francisco Boya (PSC), ha lamentado la "rotura del consenso" de la Ley de 2007 y ha calificado de "perversión" la enmienda 278, porque "supedita el interés general en favor del de unos pocos". También desde Entesa Joan Saura (ICV), es una ley que forma parte de una ideología con una concepción en el que el medio ambiente es un problema y que se ha hecho "a la medida de los intereses de propietarios importantes".

Por su parte, el senador de Foro de Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha lamentado el "desprecio" que el Gobierno realiza sobre "la principal especie a proteger" en los Parques Nacionales: el ser humano, en referencia a la escasa implicación que, a su juicio, la norma otorga a la población cercana a los parques.

Desde ERC, Ester Capella, además de insistir en la invasión de competencias, ha reprochado al Gobierno que busquen la rentabilidad ante todo. "Este es su modelo social, un gran cartel que dice: Todo en venta", ha enfatizado. Por IU, Jesús Enrique Iglesias, considera que la futura ley, además de ser "perversa", abre una espita en la que se puede rebajar un escalón todos los niveles de protección.

CONCILIAR INTERESES

Sin embargo, desde el PP, la senadora Juana Francisca Pons, ha defendido que el objetivo del proyecto es conciliar los intereses de los diferentes propietarios. En este sentido, ha recordado que un 11 por ciento del espacio de los parques nacionales es estatal, un 18 por ciento es privado y el resto, es municipal, al tiempo que ha recordado que hay 166 municipios en el ámbito de influencia de estos parques. Además, Pons ha asegurado que la redacción se modificó para incorporar las recomendaciones del Consejo de Estado.

En la misma línea, su compañero de filas Vicente Aparici ha defendido la norma para "conseguir un mejor modelo de coordinación en la red de parques" y ha asegurado que la modificación de la enmienda 278 ha contado con el aval de la letrada de la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Aparici también ha precisado que, tras la modificación de la enmienda, 16 de los 18 directores de parques nacionales han manifestado al Organismo Autónomo que están "básicamente de acuerdo" con la nueva redacción.

A VUELTAS CON LA 278

La enmienda 278 o enmienda 'Cospedal', como la llama el Grupo Socialista, ha centrado el debate en la Cámara Alta desde que comenzó a tramitarse el texto. Los 'populares' registraron una enmienda parcial al texto que, en opinión de los ecologistas, abría la puerta a permitir a perpetuidad actividades prohibidas en Parques Nacionales y que, según la vigente legislación, deben finalizar en 2017.

Tras la advertencia de los ecologistas, el Grupo Popular decidió 'enmendar' su propia propuesta y la incorporó al texto durante el trámite en la Comisión de Medio Ambiente. El objetivo es limitar excepciones a las actividades recogidas los artículos 6 y 7 de la Ley, que definen los requisitos de los parques y excluyen aprovechamientos agrícolas, forestales, o hidráulicos, elementos artificiales que alteren el paisaje, así como actividades extractivas o explotaciones de áridos, arenas o minerales e instalaciones dedicadas a uso deportivo, industrial o de ocio. Tampoco puede existir suelo susceptible de transformación urbanística ni suelo urbanizado.

El procedimiento utilizado por el PP provocó la protesta del Grupo Socialista que pidió amparo a la Mesa de la Cámara Alta por vulnerarse los derechos parlamentarios. Finalmente, la Mesa ha rechazado este mismo martes anular el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y tampoco ha accedido a aplazar el debate en el pleno.

QUINCE PARQUES NACIONALES

El proyecto de Ley de Parques Nacionales sustituirá a la vigente norma de 2007 para regular la conservación de los quince Parques Nacionales que existen en España, que ocupan una superficie de 381.716,49 hectáreas. La última incorporación, en junio del año pasado, fue la del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

El texto fue remitido al Congreso en enero 2014 y, desde el inicio de su tramitación, la oposición advirtió del peligro de que las nuevas excepciones recogidas en la norma, como la urbanización, por lo que se modificó el texto de modo que se asegura, según el PP, que el suelo de estos espacios no va a ser urbanizable, salvo en el caso de tres municipios enclavados en Picos de Europa y Monfragüe.

Entre otras novedades de la ley, se aclara que, en la fase de declaración de parque nacional, sólo se deberán identificar aquellas actividades que pudieran resultar incompatibles con la figura de parque nacional, mientras que será el plan rector el que determine las actividades compatibles.

A su vez, se establece el derecho del Gobierno a adquirir la compra de determinadas fincas situadas exclusivamente en el interior del parque. A partir de ahora, a las comunidades autónomas les corresponderá la gestión ordinaria de los parques, y al Estado la creación de nuevos parques.

Esta ley permite también la intervención estatal directa, coordinada con las comunidades autónomas, ante catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro los valores de estos espacios, como por ejemplo en caso de incendios forestales de gran magnitud.

Incorpora también la posibilidad de ampliar Parques Nacionales ya declarados sobre áreas marinas exteriores colindantes, algo que no recoge la normativa actual, y se aumenta la superficie mínima requerida para declarar un nuevo parque en territorio peninsular de las 15.000 a las 20.000 hectáreas. Mantiene el sistema de ayudas a los municipios de sus zonas de influencia, e introduce como novedad la puesta en marcha de programas piloto.