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Setenta y siete detenidos más en la operación contra el fraude a la Seguridad Social

Un total de 77 personas han sido detenidas en Granada en la segunda fase de la denominada "Operación Genil" contra el fraude a la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Empleo (INEM), con lo que número de arrestados asciende a 179.
Los detenidos podrían haber defraudado más de 365.000 euros al obtener de forma irregular prestaciones o subsidios de desempleo, ya que figuraban como trabajadores en empresas "con escasa o nula actividad laboral", según ha informado hoy la Policía Nacional.
Durante la primera fase de esta operación, desarrollada en Granada en diciembre de 2008, ya fueron detenidas 102 personas, entre ellas cuatro empresarios, por un fraude a la Tesorería de la Seguridad superior a los 4,2 millones de euros, cometido por un entramado de empresas, dedicadas supuestamente a la construcción.
Pese a que estas mercantiles apenas tenían actividad, habían dado de alta a casi 1.800 trabajadores y al comprobar los expedientes de desempleo de los empleados se pudieron apreciar diversas circunstancias irregulares en las solicitudes, detalla la nota de la Policía.
En algunos casos los trabajadores eran dados de alta durante breves periodos de tiempo para solicitar después el paro, mientras que en otras ocasiones lo hacían por el periodo que les faltaba para adquirir el derecho al cobro o se trataba de empleados cuya actividad laboral está vinculada a la venta ambulante y eran dados de alta en el régimen general.
Los solicitantes de dichos expedientes, gran parte de ellos mujeres, manifestaron que desconocían de quién recibían instrucciones en su actividad laboral y tampoco identificaron los lugares donde desempeñaban su trabajo.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Granada detectara desde 2006 -con motivo de sus controles habituales sobre recaudación- la existencia de empresas que, a medida que iban acumulando deuda por impago de las cuotas de seguros sociales, causaban baja.
En la primera fase de la operación se descubrió un entramado integrado por una decena de empresas que figuraban en domicilios falsos y que en algunos casos consignaban como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que hacían de meros "testaferros", quienes habían sido trabajadores de empresas anteriores y con "amplios" antecedentes policiales.
Todo ello se hacía, según los investigadores, para ocultar la verdadera identidad de los responsables, la localización de las empresas y eludir la acciones que pudieran llevarse a cabo por parte de la Seguridad Social.