El Tribunal de Cuentas alerta de que varios ministerios carecen de planes estratégicos de subvenciones

Aunque el informe presentado se extiende entre los ejercicios 2005 y 2006, Álvarez de Miranda ha adelantado que el Tribunal ya ha aprobado un nuevo informe sobre la fiscalización de planes estratégicos de subvenciones de diversos departamentos, donde se ha constatado la ausencia de los mismos en algunos de ellos.

"En el mismo se indica que varios ministerios carecían en la actualidad de plan estratégico de subvenciones, pero esto ya se verá cuando este informe sea presentado ante la Comisión Mixta", ha señalado.

En concreto, hace referencia a un informe conocido el pasado 16 octubre, y al que tuvo acceso Europa Press, en el que se ponía de relieve que la falta de planes estratégicos del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 impidió al Tribunal de Cuentas examinar casi 1.900 millones en subvenciones.

En él se reconoce que el Tribunal de Cuentas no ha podido ejercer su labor de control ni medir la eficacia de esas ayudas públicas porque no se habían incluido adecuadamente en los planes estratégicos de subvenciones que exige la ley desde 2003.

El órgano fiscalizador reseña también que en el ejercicio 2012 los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa, Interior, Educación y Presidencia comprometieron un total de 1.450 millones de euros para subvenciones y sus entidades dependientes otros 440 millones.

POR NULA O INSUFICIENTE INFORMACIÓN

Sin embargo, advierte de que no pudo cumplir con su labor de fiscalizar todo ese dinero público otorgado en 2012 porque los citados departamentos o no contaron con un plan estratégico de subvenciones o no incluyeron toda la información que debían conforme a la Ley General de Subvenciones de 2003.

En el primero de los casos el Tribunal de Cuentas sitúa a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Presidencia, pese a que repartieron 285 millones de euros, el primero, y 1,2 millones de euros el segundo.

Por su parte, el Ministerio de Defensa sólo incluyó en su plan estratégico de subvención un 4 por ciento de los 6,6 millones de euros que dio en ayudas públicas, el mismo porcentaje del que dio cuenta Interior habiendo repartido 24 millones de euros. De su lado, Educación incluyó el 7 por ciento de los 1.573 millones de euros que repartió en subvenciones, y Justicia el 9 por ciento de los 3.000 euros destinado al mismo fin en el periodo analizado.

ACTIVIDAD 2005-2006

Sobre la actividad de 2005 y 2006 que hoy se presentaba, "un informe muy antiguo", según ha lamentado Álvarez de Miranda, se hace referencia a ayudas del Ministerio de Trabajo a favor de emigrantes españoles no residentes en España o retornados.

En este sentido, ha recordado que las ayudas y subvenciones a emigrantes españoles y retornados se recogían en un programa presupuestario del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, donde se comprobó que no se había elaborado un plan estratégico de subvenciones en el que quedaran incluidas las ayudas fiscalizadas, tal y como estable la Ley General de Subvenciones.

Desde una perspectiva material ha señalado que esta "carencia" no puede considerarse solventada mediante la incorporación, en las bases reguladoras y en las convocatorias, de los objetivos de los distintos programas de ayudas y su coste.

En concreto, ha detallado que las subvenciones se agrupaban en un total de 13 programas de ayudas en 2005 y 14 en 2006. Sin embargo, de la información presupuestaria disponible resultó "imposible" deducir los créditos aplicables a cada programa o línea de ayudas, puesto que los recursos previstos para cada uno de ellos no se correspondían con partidas concretas de la clasificación económica de los créditos, ni tampoco con servicios presupuestarios.

"En las memorias presupuestarias se establecía un único objetivo de gestión, que resultaba muy genérico y escasamente operativo, mientras que los indicadores de seguimiento no permitían evaluar el cumplimiento de dicho objetivo", ha aclarado Álvarez de Miranda.

RECOMENDACIONES

En el apartado de las recomendaciones sugiere, entre otros puntos, la necesidad de que se incluyan las previsiones relativas a las ayudas a favor de los emigrantes españoles en el plan estratégico del que habría que dotarse el actual Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas cree que se deberían adoptar las medidas conducentes a mejorar el tratamiento presupuestario de estas ayudas, determinado por los créditos destinados a financiar cada uno de los programas de ayudas, así como definiendo los correspondientes objetivos e indicadores.

En cuanto a los procedimientos de gestión, se sugiere extender la elaboración de manuales, en especial, por lo que hace referencia a la coordinación entre la unidades que intervienen en dichos procedimientos, así como implantar un sistema de información integrado de todas las ayudas y subvenciones.

Por lo que se refiere al procedimiento de concesión e las ayudas se debería incluir en las convocatorias previsiones relativas a la fórmula que ha de seguirse para la constitución de las comisiones de evaluación y se deberían generalizar los criterios para la valoración de las solicitudes de modo que se contemple la ponderación de cada uno de ellos.