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Más de 70 entidades piden al poder judicial y a la UE que investiguen de oficio la violencia y devoluciones en Melilla

La red Migreurop y otras 70 entidades instan de forma urgente al poder judicial y a los órganos europeos de defensa de los Derechos Humanos a investigar de oficio la violencia policial y las devoluciones ilegales de inmigrantes documentadas este miércoles en vídeo por la ONG Prodein, durante un intento de salto que se saldó con varios heridos.
En un comunicado, estas más de 70 organizaciones de diversa índole rechazan las prácticas de las autoridades españolas en la valla porque "lejos de respetar la legislación nacional, europea e internacional y garantizar el respeto de los Derechos Humanos y el principio de no devolución, han devuelto una vez más de forma sumaria a personas que se encontraban en territorio español".
"A pesar de que estas devoluciones están siendo objeto de investigación por parte de los tribunales y que han llevado a la imputación del responsable máximo de la Guardia Civil de Melilla, las autoridades españolas siguen llevándolas a cabo para a expulsar a Marruecos a personas inmigrantes y potenciales refugiadas que llegan a nuestras fronteras", denuncian.
Para los firmantes, los órganos de gobierno de la UE deberían tener como prioridad "no sólo la resolución de la problemática fronteriza aportando criterios de racionalidad a una política que está creando conflictos irresolubles, tanto humanos como institucionales, en los países de la frontera de la Unión Europea", sino también "la exigencia a los países miembros del cumplimiento de la legislación vigente estableciendo sanciones a quien incumpla la misma".
Sobre los vídeos, destacan que revelan "de manera evidente" cómo una persona es "expulsada de forma sumaria tras haber atravesado todas las vallas, sin tener acceso a las garantías previstas" en la Ley de Extranjería o en el tratado bilateral de readmisiones que España tiene firmado con Marruecos. Además, expresan "preocupación" por "el trato ofrecido por parte de la Guardia Civil a una persona inmigrante" de la que se desconoce el estado de salud.
"El Estado, o cualquier agente que esté al servicio de éste, no pueden saltarse los acuerdos y tratados internacionales", destacan estas entidades, que exigen al Gobierno que de forma inmediata ponga fin a "esta práctica ilegal, que se investiguen los hechos de este vídeo, así como que se depuren las responsabilidades pertinentes".
En esta línea, recuerdan que la exigencia del cese en la vía de hecho de las devoluciones irregulares ha sido trasladada ya en reiteradas ocasiones y de forma explícita a los delegados del Gobierno en las ciudades autónomas, la última vez los pasados 4 de marzo y 7 de abril, sin que se haya obtenido aún una respuesta.
También se han cursado escritos al Defensor de Pueblo y diversas acciones judiciales, una de las cuales ha derivado en la imputación del máximo responsable de la Guardia Civil en Melilla por un posible delito de prevaricación que se produciría por estar practicando devoluciones ilegales a sabiendas de que lo son.
Los firmantes plantean además, que muchas de las personas que intentan saltar las vallas "huyen de conflictos y graves violaciones de los Derechos Humanos y se les está negando el acceso al procedimiento de protección internacional" al que tienen derecho. "En lugar de garantizar su derecho a pedir asilo, se les recibe con concertinas y se les devuelve a Marruecos de forma irregular donde son víctimas de violaciones de sus derechos humanos y no se les garantiza una adecuada protección", afirman.
"De nada servirán políticas que sólo abogan por el rechazo sistemático y frecuentemente violento de los que buscan en Europa las oportunidades que sus respectivos países les niegan y donde en muchas ocasiones son víctimas de persecución", explican.
En su opinión, solo se podrá dar solución a esta situación si se plantea "un diálogo serio que aborde la problemática de los flujos migratorios desde una perspectiva global, prevaleciendo ante todo la protección de los Derechos Humanos y la transparencia y el respeto a la legislación nacional e internacional, evitando siempre cualquier tipo de medida coercitiva".