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La UE ve problemas legales en la propuesta de la CE que permite elegir a cada país si prohíbe un transgénico

Los servicios jurídicos del Consejo de la Unión Europea han expresado "serias dudas" sobre la compatibilidad con el mercado interior y las normas de la Organización Mundial del Comercio (OCM) de la propuesta de la Comisión Europea que permite a los Estados miembro restringir o prohibir el uso de organismos genéticamente modificados (OGM) en su territorio aunque hayan sido autorizados a nivel comunitario, según han informado fuentes europeas.
El Ejecutivo comunitario presentó en julio de 2015 su propuesta, que posteriormente fue rechazada por el Parlamento Europeo en sesión plenaria a finales de octubre. El comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, avanzó que Bruselas no la retiraría, mientras que los Veintiocho aún deben pronunciarse al respecto.
Tras ser preguntado por varios de los Estados miembro sobre su legalidad, los servicios jurídicos del Consejo de la UE han señalado que la misma "en su forma actual" no puede basarse en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), que permite a un país de la Unión mantener disposiciones nacionales ante una medida de armonización aprobada por tanto por el Consejo como por la Eurocámara.
Por otro lado, los servicios jurídicos han advertido de que existen "serias dudas" sobre la compatibilidad de la propuesta presentada por Bruselas con los principios del mercado interior y las normas de la OMC.
El Parlamento Europeo consideró en su votación el año pasado que la norma es "prácticamente inaplicable" y los eurodiputados avanzaron que "podría conducir a la reintroducción de controles fronterizos" entre países a favor y en contra de los OGM. Asimismo, pidió al Ejecutivo comunitario que presentase una nueva propuesta.
No obstante, la normativa europea sí que permite a los Estados miembro prohibir el cultivo de transgénicos en su territorio o en parte del mismo, también a pesar de que hayan sido autorizados previamente. Un total de 19 países de la UE, entre los que no está España, han comunicado a la Comisión Europea su intención de hacer uso de esta posibilidad.