La Xunta respeta el cierre de la instrucción de la causa de la Fundación Cela, con cuatro investigados

La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ha destacado que "respeta y respetará" las decisiones judiciales sobre la causa de la Fundación Camilo José Cela, cuestiones que "analiza" tras los nuevos pasos dados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Padrón (A Coruña).

En un comunicado, el departamento que dirige Román Rodríguez explica que este juzgado dictó un auto en el que se acuerda la transformación de las diligencias previas en procedimiento de tribunal del jurado, en relación a la indemnización por despido del exgerente de esta entidad.

De este modo, según publica 'La Voz de Galicia', la jueza dictó un auto el pasado 15 de febrero por el que se cierra la instrucción de la causa con cuatro investigados por un presunto delito de malversación de caudales.

Estos son la viuda del escritor, Marina Castaño; el exgerente de la fundación, Tomás Cavanna; el ex patrono Dositeo Rodríguez; y su hija y actual directora cultural de la entidad, Covadonga Rodríguez.

Al respecto, la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ha recordado que la indemnización por despido del exgerente de esta fundación fue dictada en 2010, antes de su conversión en Fundación Pública Galega y de que pasara a ser gestionada por la Xunta.

RENUNCIA DE LA DIRECTORA GERENTE EN FUNCIONES

Además, el departamento autonómico ha destacado que aceptó la renuncia a sus funciones directivas presentada por la hasta el momento directora gerente en funciones de la Fundación Pública Galega Camilo José Cela.

Por ello, ha decidido que, "a efectos de garantizar el normal funcionamiento de los eventos vinculados al centenario del nacimiento del Premio Nobel y la gestión cotidiana de la entidad", "las tareas de dirección serán asumidas de forma interina" por la Secretaría Xeral de Cultura.

En junio de 2012 la Fiscalía presentó una denuncia en el Juzgado de Padrón contra Marina Castaño y Tomás Cavanna por unos hechos que podrían derivar en un delito de malversación de caudales públicos y eran la base para investigar otros, como la apropiación indebida o el fraude fiscal.