Zoido culpa a las CCAA de no querer asumir la sanidad penitenciaria y Podemos le reclama que pague lo que les deben

"Desde la Dirección general de Instituciones Penitenciarias se ha estado insistiendo en querer transferir las competencias y ninguna lo ha querido escuchar", ha defendido el nuevo titular de Interior, recordando que tan solo Cataluña y País Vasco han iniciado la integración de la sanidad penitenciaria en sus servicios de salud.

De hecho, Zoido ha recordado que en agosto de 2015 el Gobierno ofreció por carta esta transferencia de competencias y "año y medio después ninguna ha contestado para sentarse a negociar".

"El dinero no les falta, lo que no tienen es ninguna voluntad", ha reprochado el ministro de Interior, que ha defendido que esta transferencia es clave para que los internos tengan los mismos derechos y tratamiento que el resto de ciudadanos.

Además, ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy ya demostró en la anterior legislatura su compromiso por "auxiliar a las comunidades igual que a los ayuntamientos" y ayudarles a pagar las facturas que debían a sus proveedores.

Por su parte, la senadora de Podemos María Isabel Mora ha criticado que esta transferencia lleve 13 años "paralizada", ya que da cumplimiento a la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), y ha criticado que el Gobierno no haya hecho nada para solventar esta situación.

Además, critica que en 2014 se dieron por vencidos todos los convenios de colaboración de Instituciones Penitenciarias con las comunidades autónomas en materia de sanidad y, como consecuencia, "se les dejó de pagar la asistencia sanitaria que habían ido abonando desde siempre".

"Esto hace que les deban a las comunidades autónomas unos 25 millones sin contar con los medicamentos de hepatitis C", según Mora, que además ha criticado que tras la aprobación de estos fármacos tan caros "dieran instrucciones a médicos de prisiones para que no dispensaran estos medicamentos".

"No se puede ingresar en prisión a las personas por no cumplir la ley y luego la Administración no cumplirla. Si retienen esas competencias en sanidad penitenciaria, obviamente tienen que asumir el coste, no pueden hacer trampas e intentar transferir esa competencia sin ninguna dotación presupuestaria", ha denunciado.