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Una empresa de alimentación demanda a PDVSA por incumplimiento de contrato

Según el diario El Nuevo Herald, el valor de los productos, entre ellos carne de res, pollo y azúcar refinada, alcanzaba unos 195 millones de dólares y los envíos estaban destinados a un programa de alimentación gubernamental. EFE/Archivotelecinco.es
Una empresa de alimentación de Miami (Florida) presentó una demanda contra la estatal venezolana PDVSA por la cancelación de un contrato después de que se negaran a pagar un supuesto soborno por dos millones de dólares, informó hoy un medio local.
Tomás González y Pablo Cárdenas, propietarios de la empresa exportadora de alimentos Dexton Validsa, Inc, señalan en la demanda que las estatales Bariven, S.A. y PDVSA Services, Inc (PSI) cancelaron cinco contratos para el suministro de alimentos.
Según el diario El Nuevo Herald, el valor de los productos, entre ellos carne de res, pollo y azúcar refinada, alcanzaba unos 195 millones de dólares y los envíos estaban destinados a un programa de alimentación gubernamental.
La demanda de los dos venezolanos, que fue presentada en 2008, indica que Juan Carlos Chourio, un supuesto hombre de Bariven, les pidió dos millones de dólares "como garantía de que los contratos no serían cancelados", agregó el rotativo.
El presunto intento de soborno se repitió, de acuerdo con los documentos, en varias reuniones que mantuvieron en Miami y en un correo electrónico en el que Bariven les recordaba que "no habían cumplido completamente con los envíos bajo el contrato firmado en 2007".
La compañía Bariven, con sede en Caracas, controla las compras internacionales de PDVSA, siendo PSI, radicada en Houston (Texas), la encargada de realizar las adquisiciones de Bariven en Estados Unidos.
González y Cárdenas alegan que Chourio les dijo que era un enviado de George Kabboul, presidente de Bariven y de PSI y que se presentó a sí mismo como un "cercano confidente" de Luis Hernández, jefe de operaciones de Bariven en Brasil.
Según los demandantes, Chourio les aseguró que los dos directivos venezolanos le habían enviado para que "exigiera el pago de la comisión", recogió el periódico.
La cancelación del contrato por parte de las estatales venezolanas se produjo en abril de 2008.