Las asociaciones del Consejo Estatal de la Mujer denuncian que Gallardón ignora su opinión sobre la reforma

El Consejo, en el que están representados todos los ministerios y los agentes sociales, se reunió este miércoles para abordar el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Al término de la sesión, estas organizaciones presentaron un escrito para expresar su rechazo a la reforma y solicitar un pleno extraordinario para debatirla.

Según ha informado la presidenta de la Federación Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, no es la primera vez que el Ministerio de Justicia deja fuera del trámite consultivo de una norma al Consejo Estatal de Participación de la Mujer.

"Igual que el ministro Gallardón se ha negado a recibir a las organizaciones de mujeres, al Consejo de Participación no le da mucho crédito porque no nos ha solicitado informe para ninguna de las legislaciones que ha llevado a cabo", ha declarado a Europa Press.

El Consejo, adscrito al Ministerio de Sanidad, fue creado por mandato de la Ley de Igualdad como "órgano colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo".

El texto registrado ante el organismo, firmado además por la Red Feminista de Derecho Constitucional, la asociación de juristas Themis, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas o la Federación de Mujeres Jóvenes, entre otras, exige la inmediata retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.

En once puntos, los 14 firmantes exponen que frente a la "garantista" ley actual, que "salvaguarda los intereses en conflicto" en caso de aborto, el Gobierno propone "un retroceso de más de 30 años en el reconocimiento de los derechos a las mujeres y en la conceptuación de las mujeres como sujetos jurídico/políticos".

"Este anteproyecto desconfía de las decisiones de las mujeres, convirtiéndolas en sujetos heterónomos sobre los que deciden otros, equiparándonos a menores de edad o a enajenados mentales. Se vuelve a un sistema única y exclusivamente de indicaciones (y/o supuestos) muchísimo más restrictivo que la regulación que estuvo vigente entre 1985 y 2010", explica el documento.

Asimismo, expone que el anteproyecto "somete a la mujer embarazada a un constante peregrinaje en busca de los informes médicos requeridos" y advierte de que "vulnera su libre determinación de la personalidad y su dignidad humana ya que son otras personas los que se erigen con capacidad y legitimidad para decidir sobre ellas.