Un estudio constata un elevado incumplimiento del código PAOS sobre publicidad de alimentos y bebidas a menores

El código, al que se han sumado de forma voluntaria la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la Asociación para la Autorregulación de la Publicidad (Autocontrol) y las cadenas de televisión, promueve la corregulación de la publicidad de los productos dirigidos a menores para reducir la presión de venta sobre población infantil.

El estudio, que ha sido liderado por la investigadora Karimen León Flández, del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), constató que hasta un 88,3 por ciento de los anuncios de televisión sobre alimentos o bebidas para menores de 2012 vulneraba de alguna forma el código, cuando en 2008 el grado de incumplimiento era del 49,3 por ciento.

En total se analizaron 2.582 anuncios emitidos en cinco canales de televisión entre enero y abril de 2012, desde las 8 de la mañana hasta medianoche, y se clasificaron en función del contenido calórico y nutricional de los productos publicitados.

Los parámetros del código que registraron niveles más altos de incumplimiento fueron los que regulan la idoneidad de la información presentada (79,4%) y los que prohíben el uso de personajes famosos o de ficción populares entre los niños (25%).

Asimismo, el incumplimiento fue mayor en los anuncios emitidos por los canales infantiles (92,3%) que en los generalistas (81,5%), así como en los que se emitieron fuera de la franja horaria establecida para proteger a los menores.

Los autores consideran que se han incrementado las técnicas publicitarias utilizadas por la industria hacia los menores y, dada la falta de efectividad de la corregulación que plantea el código, proponen un sistema legal para prohibir la publicidad de alimentos y bebidas a menores, "o al menos restringirla sólo a productos saludables".

Precisamente en 2012 el Ministerio de Sanidad amplió el ámbito de actuación del código, que hasta entonces se limita a la publicidad dirigida a menores de 12 años, para extenderlo hasta los menores de 15 años e incluir la publicidad de Internet.

De ese modo, señalaba la entonces ministra del ramo, Ana Mato, buscaba "garantizar que los contenidos publicitarios a los que acceden los menores sean seguros y adecuados para ellos, que no les induzcan a engaño ni a comportamientos peligrosos para su salud".