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El fiscal costarricense acepta dirigir la Cicig en Guatemala

Varios medios locales informaron hoy que Francisco Dall'Anese aceptó el puesto en la Cicig, pero que aún no se sabe a partir de cuando hará efectiva su renuncia como fiscal. EFE/Archivotelecinco.es
El fiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese, aceptó dirigir la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), informó hoy una fuente judicial.
La portavoz del Ministerio Público, Carolina Rodríguez, dijo hoy a Efe que "por respeto a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general no dará más declaraciones respecto a la aceptación del cargo, hasta que las referidas autoridades no conozcan de su renuncia".
Varios medios locales informaron hoy que el fiscal aceptó el puesto en la Cicig, pero que aún no se sabe a partir de cuando hará efectiva su renuncia como fiscal.
Dall'Anese no se ha referido al respecto y canceló una actividad pública que tenía prevista para hoy.
El fiscal costarricense fue nombrado el pasado 30 de junio como el titular de la Cicig y lo único que ha dicho al respecto fue ese día cuando afirmó que es un "orgullo" tal distinción, aunque aclaró que aún no había aceptado el puesto, ya que tenía que conversarlo con su familia.
El nombramiento fue hecho por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con lo que el costarricense será el sustituto del español Carlos Castresana, que dimitió el pasado 7 de junio por discrepancias con la actuación del Estado guatemalteco.
Dall'Anese ocupa el cargo de fiscal general de Costa Rica desde 2003, periodo en el que ha reforzado la lucha contra el narcotráfico y además lideró las investigaciones de actos de corrupción de dos ex presidentes costarricenses, Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón.
La Cicig busca determinar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, colaborar con el Estado en su desarticulación y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.
Este ente es fruto de un acuerdo firmado entre el Gobierno de Guatemala y la ONU en diciembre de 2006, que al año siguiente fue ratificado por el Parlamento de ese país pese a la oposición de algunos grupos políticos que la consideran una intromisión en la soberanía nacional.