Más de 40.600 dependientes murieron en 2016 sin recibir la ayuda, según datos de Sanidad

En el Informe de Seguimiento del Pacto de Estado por el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, la asociación alerta de que esta cifra de fallecimientos es consecuencia de un aumento de la lista de espera, que en 2016 alcanzó las 320.000 personas, entre ellas 125.000 grandes dependientes.

En el documento se subraya que esta situación solo se soluciona aumentando la financiación del sistema y revirtiendo los recortes que el Gobierno ha llevado a cabo desde 2012.

Y es que, el informe estima que el año pasado la Administración General del Estado aportó el 17,4 % de la financiación pública del sistema, frente al 82,6 % que aportaron las autonomías, a pesar de que estos dos porcentajes deberían estar al 50-50.

Esto supone que "el gasto promedio por persona en situación de dependencia atendida en 2016 ascendió a 8.349 euros anuales, de los cuales 6.896 fueron aportados por las comunidades autónomas y 1.453 por el Gobierno central", apunta el texto.

Datos oficiales que revelan los problemas en cada comunidad

Ramírez ha señalado que estos datos se basan en fuentes oficiales, certificadas por la intervención de cada comunidad lo que, además, supone, según ha destacado, la primera vez que oficialmente se reconoce que el Gobierno no aporta el 50 % que asegura.

En este sentido, el coordinador ha llamado al Ejecutivo a hablar con transparencia de este tema y a evitar los documentos "manipulados o no actualizados" que presentan para justificar las cifras que defienden. "Sin transparencia no se avanza en planificación", ha reconocido Ramírez.

Además, se ha mostrado preocupado porque de las cifras recogidas en el informe se desprende que el Ejecutivo no gasta las partidas completas que presupuesta. "Mientras, la financiación que reciben los dependientes es una burla", ha declarado la presidenta de la Plataforma Estatal en Defensa de la Ley de Dependencia, Aurelia Jerez.

En concreto, los pacientes están recibiendo cuantías entre los 190 euros y los 387 euros que cobran aquellos con derechos a mayores prestaciones. Jerez advierte de que, de estas cifras, hay que descontar la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, una situación que lleva a muchos de ellos a darse de baja.

ACUERDO PARA LOS PGE DE 2018

"Necesitamos que en este país se crea de verdad en la dependencia. El PP nos ha decepcionado y nos ha abandonado", ha criticado la presidenta de la plataforma, para reclamar al resto de partidos que se unan para lograr una mayor partida en los presupuestos para 2018.

El informe se ha presentado este jueves en el Congreso ante los partidos firmantes de un Pacto de Estado por el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, todas las formaciones excepto PP y PNV. Precisamente, tras la reunión todos ellos se han comprometido a presentar una enmienda a los próximos presupuestos para 2018.

La mayoría ha defendido también la necesidad de reformar la ley que, tras 11 años en vigor, "no corresponde ya a la situación actual" y que tienen carencias como, por ejemplo, la falta de especificación para los menores dependientes. "Es una ley que se creó pensando en el mayor", han reconocido los grupos.

La portavoz del PSOE en esta materia, Elvira Ramón, ha destacado que los grupos firmantes del Pacto son mayoría parlamentaria, una ventaja que les va a permitir "lograr que la enmienda a los presupuestos salga adelante". Sus palabras han sido suscritas por su homóloga de Unidos Podemos, Ana Marcello, quien, además, ha recordado que la dependencia es también, en la actualidad, "una cuestión de género" puesto que el 95 por ciento de los cuidadores de estos pacientes "son mujeres".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Diego Clemente ha afeado la ausencia del PP en el Pacto y sus "mentiras" cuando asegura en el Congreso que el Estado está financiando al 50 por ciento el sistema. Del mismo modo, ha reclamado que las medidas que se tomen ahora para solucionar los problemas de la dependencia no sean con miras "a corto plazo", sino al futuro.

El portavoz de Discapacidad de PDeCAT, Carles Campuzano, ha abogado porque se tengan en cuenta los costes efectivos de los servicios para garantizar que todo el mundo recibe lo que necesita, teniendo en cuenta de que "no en todos los sitios los servicios cuestan lo mismo". Finalmente, los representantes de Compromís y Unión del Pueblo Navarro (UPN), Marta Sorlí e Íñigo Alli, respectivamente, se han sumado a la lucha por "una financiación justa" que comienza con las enmiendas a los presupuestos.