Más de 433.000 dependientes están en lista de espera y faltan 3.000 millones de euros para atenderles, según ADYGSS

Según explica esta organización, que analiza periódicamente los datos oficiales, "los recortes del Gobierno dificultaron la entrada de nuevos dependientes al Sistema y, sobre todo, colapsaron la capacidad para absorber la demanda de quienes permanecían en la lista de espera al ritmo requerido", por lo que "todavía hay casi 92.000 grandes dependientes y severos atrapados con plazos de tiempo insufribles".

"El acceso sólo ha sido posible en la medida que se producían bajas de atendidos y como ese ritmo es insuficiente, estimamos que más de cien mil dependientes habrían fallecido en estos últimos cuatro años sin haber hecho efectivo sus derechos", aseguran los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Denuncian además que "el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dispone de los datos, pero solo publica las altas en el Sistema, no las bajas" "¿Y si el Ministerio de Empleo solo ofreciese la estadística de quienes han encontrado empleo y ocultase los datos de los que lo han perdido?", plantean.

En cuanto al presupuesto, afirman que tras suprimir el nivel acordado con las comunidades autónomas y reducir el nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia, el Gobierno ha acumulado un recorte de 1.490 millones de euros frente al cual, ha fijado en 75 millones de euros esta partida para 2016 en los Presupuestos Generales del Estado.

Para la asociación, esta "es la antesala de una forzosa y sistemática violación del derecho a atenciones de 434.000 personas en situación de dependencia" ya que para atender a la lista de espera actual, "sería necesaria una inyección de al menos 3.000 millones de euros adicionales dirigidos a las comunidades autónomas".

"Ante el abandono consagrado en los Presupuestos Generales del Estado, ya que con un incremento del 6% se necesitarían 25 años para absorber la lista de espera, decenas de miles de personas en situación de dependencia seguirán 'causando baja' sin recibir los servicios o prestaciones que se les han reconocido como derecho", afirma la asociación.

Los Directores y Gerentes consideran que "habría sido más honesto derogar la Ley y afrontar las consecuencias políticas y no engañar a la ciudadanía de forma tan cruel", alimentada, además, por "la tremenda desigualdad territorial en la gestión y en la lista de espera por comunidades autónomas".

"Una vez finalizada la implantación de la Ley, y ante el sufrimiento provocado por los recortes del Gobierno a las personas en situación de dependencia y sus familias, es imprescindible un pacto de Estado que replantee el modelo de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, sin abandonar los objetivos últimos y con epicentro en el modelo de financiación autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", reclaman.