Las editoriales ven con preocupación los intentos de CC.AA de parar la LOMCE y amenazan con acciones legales

Este miércoles el portavoz de Educación del PSOE en el Congreso de los Diputados, Mario Bedera, avisó de que los gobiernos de varias comunidades autónomas resultantes de las elecciones del pasado 24 de mayo van a solicitar al Ministerio de Educación la convocatoria extraordinaria este mes de julio de la Conferencia Sectorial para exigir la paralización de la LOMCE el próximo curso escolar.

"Estas declaraciones, efectuadas por quienes aspiran a gobernar, suponen un grave desconocimiento del sistema constitucional de fuentes y de la nueva ordenación general del sistema educativo de obligada implantación, tras la aprobación de la LOMCE y de los Reales Decretos 126/2014 y 1105/2014, de carácter básico, entre los cursos 2014-2015 y 2016-2017", alertan desde ANELE.

Fuentes de esta organización han indicado a Europa Press que existe inquietud en los centros y entre el profesorado y padres de alumnos por la deriva de estas amenazas de incumplimiento de la ley. Cabe recordar que son los docentes quienes elaboran entre mayo y junio el listado de los textos que tiene que adquirir el alumno para el curso siguiente.

Los editores recuerdan que lo único que compete a las comunidades autónomas en este ámbito es desarrollar y completar la normativa básica estatal de obligado cumplimiento y aplicación "dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno y "no crear incertidumbre e inseguridad jurídica en todos los actores que forman parte del sistema" --centros escolares, familias, alumnos, servicios de inspección, editoriales--, "menos aún en fechas próximas a la finalización del curso escolar".

ANELE advierte de que toda actuación o normativa dirigida a derogar y/o paralizar la implantación de la LOMCE en las comunidades autónomas, "sería nula de pleno derecho por vulnerar los más elementales principios constitucionales de jerarquía normativa, de legalidad, de seguridad jurídica, de responsabilidad o de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos (entre otros, artículos 9 y 103 CE)".

Por último, ANELE recuerda que no se puede "obviar" el "esfuerzo" inversor de casi 200 millones de euros realizado por las editoriales en la elaboración de libros de texto y materiales adaptados a la nueva ley educativa, así como para cumplir con el calendario de implantación este curso 2014-2015 y los sucesivos. Además, advierte de que, si llegara el caso, esta organización "no dudará" en reclamar la inversión.